DOCUMENTO APROBADO POR LA COMISION DE
BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL GOBIERNO NACIONAL DEL FRENTE AMPLIO
CONGRESO “COMPAÑERO GRAL. LIBER SEREGNI”
PARA SER PRESENTADO ANTE EL PLENARIO NACIONAL DEL 13.10.07
I – EL ACCESO DEL FRENTE AMPLIO AL GOBIERNO NACIONAL
En diciembre los frenteamplistas nos reunimos para hacer el balance y trazar las perspectivas del gobierno y de nuestra fuerza política en el Congreso “Líber Seregni “, el primero que se desarrolla con el Frente Amplio en el gobierno nacional.
El primer gobierno del FA se desarrolla en un marco nacional e internacional en el cual:
a) La brecha entre países ricos y pobres, y la concentración del poder económico y militar en los Estados Unidos se profundizan.
b) en América Latina alternativas populares han conquistado los gobiernos nacionales en un conjunto de países abriendo rumbo de cambios de décadas de dictadura militares y neoliberalismo.
c) en el Uruguay la conquista del gobierno por el FA genera una etapa cualitativamente nueva y un escenario diferente para las fuerzas sociales y los proyectos de país en pugna.
El FA accede al gobierno nacional y a ocho gobiernos departamentales, que en conjunto contienen al setenta y cinco por ciento de la población y la mayor parte del PIB nacional. A la vez obtiene la mayoría absoluta en el parlamento, como consecuencia de un profundo cambio operado en la sociedad uruguaya. El mismo expresa una inflexión en el proceso de acumulación de fuerzas de las grandes mayorías nacionales.
La primera y larga fase de acumulación de fuerzas de la izquierda requirió de la unidad del movimiento sindical en una sola central, unidad basada en el equilibrio entre las reivindicaciones de corto plazo y las propuestas programáticas hacia el cambio político y social. Esas propuestas programáticas generaron condiciones para las alianzas con otros sectores sociales en aras de un proyecto alternativo de país. Ese avance de la década de los sesenta y los setenta conduce a un segundo salto, el cinco de febrero de 1971 se funda formalmente el FA, expresión de la unidad política de la izquierda uruguaya.
La dictadura y su secuela de represión, prisión, exilio, tortura y muerte, profundizó el retraso económico, social, político y cultural. La resistencia de las fuerzas populares permitió derrotar el régimen autoritario y abrir caminos para la recuperación de la democracia.
Cinco años después, el FA alcanza el gobierno del departamento de Montevideo. Por primera vez la izquierda asume la responsabilidad de aplicar un programa de cambio en la gestión pública, cuya columna vertebral fue el proceso de descentralización como transferencia de poder a la sociedad civil.
Pasarían quince años más y una crisis del sistema financiero que agudizó la crisis económica, social, política y moral de carácter estructural que vivía la sociedad uruguaya, para que el FA, presentara una propuesta política y programática a nivel nacional y departamental que aceptada por la mayoría de la población del país, culminara en victoria en los actos electorales de octubre de 2004, en las elecciones nacionales, y mayo de 2005 en las elecciones departamentales.
La propuesta atiende los grandes problemas nacionales: la pobreza, la producción, el empleo, la crisis de la salud y la educación, los esbozos de un modelo de desarrollo económico que tiene como objetivo central el crecimiento de la producción con justicia social, con un alto contenido de especialización y calidad, con requisitos de innovación, un modo de inserción internacional con el MERCOSUR como plataforma al mundo y la propuesta democrática de aumentar la participación de los ciudadanos en la cosa pública.
Esta experiencia acumulada en décadas muestra que es posible la concreción de amplios acuerdos políticos y sociales en torno a una estrategia de desarrollo nacional con justicia social.
II - LA PRÁCTICA REAL DEL GOBIERNO Y LA LUCHA IDEOLOGICA
Pasamos del campo programático, el largo plazo, al campo del plan de gobierno, ubicado en el corto y mediano plazo, de preguntarnos que sociedad queremos y podemos construir a preguntarnos ¿cuáles son los resultados a alcanzar en el período de gobierno?, ¿Cuáles son las prioridades para asignar los recursos limitados de que disponemos? ¿Cuál es el camino estratégico, que problema tenemos que resolver primero para que nos abra el camino hacia la resolución del resto de los problemas?
En el gobierno no se trata de elaborar propuestas generales y atemporales sino de tomar decisiones concretas en la gestión día a día, pasamos de la utopía a la política, al arte de lo posible, a encontrar la estrategia que nos permita correr la frontera de lo posible y construir viabilidad para planes y proyectos. La participación de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto en la planificación, la ejecución, el control y evaluación de la gestión de gobierno amplía las posibilidades de construcción de viabilidad política para planes y proyectos transformadores.
Gobernar requiere dirigir, tomar decisiones y hacerlas cumplir. Para ello contamos con una herramienta, el Estado, ese estado uruguayo que fue construido durante 175 años por otras fuerzas políticas para defender otros intereses, casi nunca coincidentes con los intereses de las grandes mayorías nacionales.
En la práctica real del gobierno para aplicar los grandes lineamientos programáticos del FA era necesario superar diversos obstáculos:
a) Las dificultades reales de un país que se encontraba en un proceso, recién iniciado, de salida de la crisis de 2002: el nivel de la deuda pública mayor al PIB; más de un millón de pobres; cien mil indigentes; casi 14% de desocupación; la baja calidad del empleo, informalidad y salarios bajos; la escasa inversión pública y privada; la caída de COFAC en los primeros días de la gestión de gobierno.
b) Un Estado en crisis, fragmentado, descoordinado, con funcionarios mal pagos, adaptados al multi empleo, con escaso compromiso de dedicación horaria a las tareas, edades en promedio cercanas a los cincuenta años, caos en el sistema de remuneraciones, con mas de 250 tipos diferentes de retribuciones, caos en el sistema de contratación de recursos humanos, con múltiples formas contractuales desvirtuadas y ausencia de carrera administrativa.
c) Ausencia de planes, presupuestos en los cuales no se definían los créditos reales, que no financiaban acciones concretas, de modo que cada uno hacía lo que quería y podía y nadie respondía por nada.
d) El equipo de gobierno no contaba con conocimiento profundo de la situación de cada ámbito de gobierno, por haber sido sistemáticamente excluidos de la participación de la gestión de los gobiernos anteriores.
e) Resultaba insuficiente la capacitación y experiencia en gestión pública y en técnica de gobierno en función de la dimensión de los desafíos planteados.
f) La transformación de los grandes lineamientos programáticos en acciones a desarrollar en el período de gobierno se construyeron, ya iniciado el gobierno, en el proceso de formulación del presupuesto nacional.
g) Mientras asumen el nuevo gobierno y la administración cambia de jerarcas, la gestión no se detiene. Las actividades deben continuar, los enfermos no pueden esperar en los hospitales, las clases deben iniciarse en pocos días, las empresas públicas no detienen la producción ni la venta. Hay un programa para aplicar, una constitución leyes y decretos para cumplir y un pueblo al que rendirle cuentas.
III - COMO COMENZAR A CAMBIAR LA REALIDAD
En la fase de transición, desde las elecciones nacionales hasta la asunción del gobierno electo, se dio comienzo al diseño y aplicación, en sus primeras etapas, del plan de gobierno.
La elaboración del plan de gobierno – presupuesto nacional para el quinquenio permite definir que hacer y con que recursos.
Un resultado a alcanzar, un objetivo dominante del período de gobierno, es la reducción de las vulnerabilidades económicas y sociales del país.
Antes del primero de marzo del 2005, el gobierno electo en pleno se reúne con los organismos internacionales acreedores por préstamos de emergencia. Se trataba de negociar fórmulas de pago a los mismos que aliviaran la presión financiera que significaban las amortizaciones de deuda en los primeros años del período. En esas reuniones, aparte de cumplir con el objetivo financiero, se generaron condiciones para la construcción de programas marco que permitieran obtener asistencia técnica y financiera para la puesta en marcha de los lineamientos programáticos de la fuerza política: el plan de emergencia; el cumplimiento con los pagos de intereses y amortizaciones de la deuda pública; la preparación de las grandes reformas estructurales anunciadas en los postulados del Uruguay productivo, social, democrático, integrado, inteligente y cultural.
Obtenidos los acuerdos necesarios, e instalado el gobierno en sus funciones, da comienzo la tarea de tomar posesión real de ese nuestro gobierno:
· Incorporar, en un proceso aún inconcluso, conocimiento de la situación general y las situaciones particulares de cada ámbito de gobierno por cada equipo y jerarca responsable.
· Crear un nuevo ministerio, el de Desarrollo Social, para coordinar las políticas sociales, y en particular para culminar el diseño y poner en marcha el plan de emergencia social (PANES)
· Iniciar la instrumentación de los programas acordados.
El primer gran objetivo de la etapa consiste en disminuir las vulnerabilidades a las que está expuesto nuestro país. Para ello es necesario comenzar por crecer, abatir la relación deuda/PIB, aplicar el plan nacional de emergencia social y mejorar el empleo en cantidad y calidad.
IV - SÍNTESIS DE LA SITUACION DEL PAÍS AL 1º DE MARZO DEL 2005
El primero de marzo de 2005 el país se encontraba aún bajo los efectos de la crisis del sistema financiero del 2002, agudización de una prolongada crisis estructural, sometido a una gran vulnerabilidad social y económica:
- En lo social.- A fines de 2004 se estimaba que más de un millón de personas se encontraban por debajo de la línea de pobreza, y que más de 100.000 uruguayos estaban en condiciones de indigencia
- En el Empleo – graves insuficiencias, más de 160.000 desocupados, la mitad de los ocupados estaban en condiciones de precariedad o subocupación, frecuentemente con retribuciones disminuidas.
- En el Plano financiero – la deuda bruta del sector público U$S 13,3 miles de millones, más del 100% del PIB, con un pago de intereses anual equivalente al 20% de los ingresos del sector público, una fuerte restricción presupuestaria.- Por otra parte los vencimientos de deuda pública se concentraban en los primeros años, se necesitaban recursos para cumplir con los mismos, cubrir el déficit fiscal y recomponer el nivel de reservas internacionales.
- Déficit de inversión de la economía, los porcentajes destinados a la inversión pública y privada alcanzaban un nivel insuficiente para mantener y aumentar la producción y el empleo.
- Crisis en el funcionamiento de la educación, la salud y la seguridad pública
- Los funcionarios públicos y los trabajadores de la actividad privada habían sufrido una pérdida de salario real importante en el quinquenio anterior.
- No había negociación colectiva en el sector privado, nunca existió en el sector público.
- En materia de derechos humanos se había impuesto la impunidad y el ocultamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura, en ese sentido se aplicaba la ley de caducidad excediéndose a su propio texto e incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 4º de la misma.
El Estado se encontraba fragmentado, descoordinado, presa del caos organizativo, en cada organismo se actuaba con criterios diferentes, con ausencia de planes y controles reales de la gestión:
En materia de recursos humanos
· Existían diferentes formas de contratación de los funcionarios, muchas de ellas desvirtuadas en su esencia. En el total de la administración pública se estimaba que existían unos 10.000 contratos de becarios, pasantes, zafrales, eventuales, cachet, con muchos años de tareas permanentes.
· Caos en materia de remuneraciones, un sinnúmero de compensaciones, premios, gastos de alimentación, salarios por productividad, mayor responsabilidad, etc. El caos hace ilusorio el principio general de que corresponde a igual función igual remuneración.
En materia de relaciones del gobierno central con los gobiernos departamentales
· Existencia de una relación clientelística entre el gobierno central y los gobiernos departamentales, mediante la cual el gobierno central administraba los recursos para las intendencias en función de intercambio de favores.
· Existía un retraso importante en la entrega de las partidas presupuestales de transferencia del gobierno central a los gobiernos departamentales.
· Se aplicaba una fuerte discriminación contra la Intendencia Municipal de Montevideo, perjudicando a los habitantes del departamento.
En las empresas públicas
· Empresas públicas dirigidas por sus gerentes, con directorios que no cuidaban, en general, de los dineros públicos.
· El gobierno no coordinaba la elaboración de los planes de las empresas, controlaba sus presupuestos fundamentalmente desde el punto de vista de las restricciones fiscales.
En materia de planificación y presupuesto
· La improvisación comandando las acciones, desde un presupuesto nominal ajustado por topes de ejecución y cupos financieros, que determinaba que la ejecución se realizara en función de las prioridades del Poder Ejecutivo en lugar de las fijadas en la ley por el parlamento.
· Funcionamiento ritual del presupuesto por programa, con metas no pensadas en función de planes, con indicadores que no medían lo importante sino lo accesorio y en los que nadie se fijaba.
· Como consecuencia de lo anterior la inexistencia de controles reales y mucho menos de evaluaciones que permitiera corregir errores.
V - EL PLAN DE GOBIERNO
El FA llega al gobierno con su bagaje programático acordado en el Congreso “Héctor Rodríguez” de noviembre 2003 y con una plataforma política inmediata planteada en el ciclo de conferencias programáticas desarrolladas por el entonces candidato a presidente, Tabaré Vázquez.
En el proceso de formulación del presupuesto nacional para el quinquenio 2005 – 2010 el gobierno acuerda los planes estratégicos de los Ministerios a partir de los lineamientos programáticos y los postulados del ciclo de conferencias programáticas del actual Presidente de la República.(*)
El programa se resume en lineamientos estratégicos de gobierno, y éstos en objetivos y metas de los planes de cada ministerio.
De ese modo el Presupuesto Nacional refleja las propuestas programáticas del FA y al mismo tiempo las tareas inmediatas, que se vuelven estratégicas porque abren el camino para desarrollar las actividades que permitan alcanzar el resto de las metas del período de gobierno.
El gobierno entendió que para que el país creciera, produjera más y al mismo tiempo distribuya los frutos de ese aumento de la producción resultaba necesario:
En el corto plazo:
- reestructurar la deuda pública, obstáculo imprescindible para atraer inversiones necesarias para el desarrollo nacional.
- atender la emergencia social, alimentación, acceso a la salud, la educación y soluciones habitacionales, mejora en la empleabilidad de la población en situación de indigencia y los más pobres, para lo cual diseño y puso en marcha el PANES.
- instalar los consejos de salarios en la actividad privada y los ámbitos de negociación colectiva en la actividad pública, apostando a la mejora del salario real de los trabajadores, al aumento de la formalidad en el empleo, a empleos de más calidad.
- generar condiciones para aumentar la inversión pública, dentro de las restricciones presupuestales existentes y la inversión privada, nacional y extranjera, directamente vinculada a la producción, de modo de crecer y generar más empleo.
- mejorar la seguridad pública
- construir un modelo nuevo de integración a partir del MERCOSUR.
Siguen pesando sobre los uruguayos el conjunto de vulnerabilidades con las que este gobierno comienza su gestión:
- el monto de la deuda pública bruta sigue en un porcentaje muy alto del PIB
- aún es muy elevado el porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza
- las grandes reformas estructurales que comienzan tendrán un plazo de maduración antes de lograr resultados plenos.
También continúa la búsqueda de soluciones a los problemas financieros, para lo cual se generan las condiciones adecuadas como la instalación de una Unidad de Gestión de Deuda y el seguimiento permanente de la evolución de vulnerabilidades y procesos de reformas como condición para el avance.
En el mediano y largo plazo:
El inicio y desarrollo de las reformas estructurales:
1. La reforma tributaria.
El sistema tributario vigente al 1.3.05 basado en los impuestos al consumo, y un impuesto directo sobre las rentas del trabajo, sin ninguna progresividad y a tasas fijas, resultaba injusto, permeable a la evasión, poco manejable para incentivar la producción y el empleo.
La respuesta a esa situación ha sido el diseño e implantación de un nuevo sistema tributario, más simple, que cumpla con los objetivos de aumentar la equidad, la eficiencia, que sea funcional a la promoción de la producción y el empleo.
Este nuevo sistema tiene un gran efecto de redistribución de la renta, mejora la capacidad de compra de quienes tienen menos ingresos en base a una mayor tributación de la población con mayores ingresos.
El sistema será evaluado permanentemente y en la medida que los resultados expresen mejoras tanto en la administración como en la recaudación, será posible mejorar la equidad profundizando la rebaja de los impuestos al consumo e incorporando mejoras al IRPF, tales como la consideración del núcleo familiar, la elevación del monto no imponible y la ampliación de las franjas que le dan progresividad al impuesto.
2. la reforma de la salud
Ante la crisis del sector salud que alcanzaba tanto al área pública como a la privada, el plan de gobierno apuntaba a la construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud, sobre la base de cambios profundos en el modelo de atención, de gestión y de financiación.
La reforma se basa en priorizar el primer nivel de atención de la salud, más personas, más cerca de la prevención y promoción, lo que permite un uso más eficiente de los recursos y la aplicación de una estrategia de atención primaria.
Se promueven tres leyes:
· en primer lugar se crea e incorporan los funcionarios públicos sin cobertura de salud al Fondo Nacional de Salud (FONASA).
· en segundo lugar se descentraliza ASSE, que pasa a ser un servicio descentralizado regido por el artículo 220 de la Constitución.
· En tercer lugar se discute en el parlamento la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, que establece un nuevo modelo de financiamiento tripartito, ya con media sanción en la Cámara de Senadores.
3. la reforma de la educación
Se ha consultado a la población en un proceso de discusión inédito por su amplitud y riqueza, culminado en el Congreso Nacional de la Educación. Los insumos recogidos en dicho proceso se integran al diseño de una nueva ley general de educación.
4. La transformación democrática del Estado
Los lineamientos programáticos establecen la necesidad de transformar al Estado para hacerlo funcional al proceso de desarrollo económico y social con equidad y al mismo tiempo hacerlo más democrático. La transformación democrática del Estado procura cumplir con ambos objetivos.
VI – EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LOS PLANES DE CORTO PLAZO 2005 – 2006 Y PROPUESTAS EN APLICACION PARA EL RESTO DEL QUINQUENIO
Pasada la primera mitad del período de gobierno los resultados alcanzados hasta ahora son los siguientes:
- se reestructuró la deuda pública. El porcentaje del PIB que representa la deuda ha disminuido sensiblemente y ha mejorado su perfil, se han cancelado las deudas más exigentes en vencimientos y más caras en intereses y condicionalidades, colocando deuda soberana en el mercado internacional.
- Han aumentado nuestras reservas internacionales desde el 1.3.05 al 31.8.07 en casi mil trescientos millones de dólares
- El PIB ha crecido a un promedio del 6,8% en el bienio 2005/2006
- Las exportaciones llegaron en 2006 a un valor record de seis mil millones de dólares
- El PANES, asociado al aumento de la ocupación y del salario real, permitió disminuir el porcentaje de pobreza del 31,9 al 24,3 % y el de indigencia del 3,9 al 1,4 %, 50000 indigentes menos y 300000 pobres menos.
- El gasto social ha subido de un 40 a un 49% del total del gasto público.
- La ocupación aumentó del 50,8 al 56,5 %, 162.500 nuevos empleados, y la desocupación bajó el 13,1 al 8,5 %. Han aumentado los puestos de trabajo en relación de dependencia y los no dependientes con local propio.
- El ingreso medio de los hogares creció 13% en 2006.
- Se han instalado y se mantienen funcionando los consejos de salarios de la actividad privada y los ámbitos de negociación colectiva del sector público, el resultado es el aumento del salario real, el aumento de la formalidad del empleo y la mejora de la recaudación del BPS.
- La recuperación de la pérdida de salario real sufrida por los funcionarios públicos en el quinquenio anterior se completará antes del final del período.
- La recuperación salarial para los privados a enero de 2007 se ubica en el mismo nivel que la del salario público. En el bienio 2005-2006 el salario real medio de los trabajadores públicos y privados aumentó un 9%.
- La ley de presupuesto nacional asigna prioridad a la educación, la salud, la seguridad pública y la infraestructura.
En educación se aumentó su presupuesto entre 2004 y 2006 en más de 1400 millones de pesos, para 2007 2800 millones más y en 2008 3400 millones de pesos. El salario real de un maestro grado 4 aumentó un 17%. E plan Ceibal en ejecución para que a fines de 2009 cada escolar tenga una computadora, lo mismo los docentes de las escuelas públicas
- En vivienda y media ambiente: se adjudicaron 5147 viviendas y hay 4785 en construcción, se inició un plan de saneamiento y suministro de agua potable por 190 millones de dólares en todo el país.
- En salud: se aumentaron un 300 % los recursos para inversión en edificios, equipos médicos y personal. La tasa de mortalidad infantil descendió del 13.2 por mil a 10,5 por mil. En particular en Bella Unión del 55 por mil a 13 por mil. Se comienza a instrumentar el Sistema Nacional Integrado de Salud sobre la base de privilegiar la atención primaria y el acceso en calidad asistencial correcta a todos los ciudadanos. Seguimos avanzando en el control del tabaquismo, somos el primer país de América y el séptimo del mundo libre de humo de tabaco.
- En infancia y adolescencia: se instrumenta un plan para que todo niño al nacer sea registrado y tenga documento de identidad. Se ha remitido al parlamento un proyecto de ley que universaliza las asignaciones familiares desde la gravidez hasta los 18 años. Proyecto de ley de obligatoriedad de la educación física en las escuelas. Programas de aulas y maestros comunitarios revinculando escolares al sistema educativo y al mejor desempeño, aplicado en 2006 a 15000 niños de escuelas de contexto crítico, resultó en que el 77% pasara de grado.
- En materia de infraestructura: Quedó operativa la Central Punta del Tigre de UTE, aumentando el parque Térmico de generación. La ANP ejecuta 18 proyectos de infraestructura mejora de gestión y servicios portuarios. Se mejoró el transporte metropolitano de pasajeros disminuyendo o manteniendo el precio del boleto. Boleto gratuito para escolares y alumnos del primer ciclo de enseñanza media en todo el país y al personal subalterno de las fuerzas armadas en Montevideo. Mejoras en puertos, rutas, caminos, recuperación de las vías férreas, terminación del puente sobre el Santa Lucía, se recuperará el Palacio de Justicia.
- Seguridad pública y convivencia ciudadana requieren dignificar la función policial, por eso los policías han recibido aumentos por encima de la media. Se han instalado mesas de convivencia y seguridad ciudadana, con importante participación social. Se están percibiendo mejores resultados en el combate a la droga, el narcotráfico y el lavado de activos
1. El Uruguay productivo
1. Introducción
El desarrollo es un derecho inalienable de la gente, implica mayor producción, mayor empleo. Para construir nación hay que tener sentido de la realidad y voluntad emprendedora, ser competitivo, saber producir, saber vender y saber generar ingreso nacional. Es necesario distribuir ese ingreso nacional de forma tal que toda la sociedad participe en el mismo con justicia social.
El “Uruguay productivo” no solamente refiere a aspectos materiales, sino que también –y fundamentalmente- alude a esa riqueza inmaterial y sustantiva que es la inteligencia de la gente, sus valores, su cultura y su capacidad de trabajo. La propuesta de “Uruguay productivo” está estrechamente vinculada a las de “Uruguay innovador” y “Uruguay integrado”, no hay estrategia de desarrollo productivo sin una base de conocimiento, sin incorporación de tecnología y sin una adecuada inserción regional e internacional que contemple no sólo la integración comercial sino también la integración productiva.
2. Programa - Estrategias
Los lineamientos programáticos establecían:
“Es objetivo prioritario del EP-FA poner la economía al servicio del ser humano,….la condición indispensable de cualquier modelo de país es que tenga como centro la generación de empleo genuino para todos sus habitantes. … para alcanzar ese objetivo será necesario una organización de la economía que atienda simultáneamente el crecimiento de la producción, la redistribución del ingreso y la estabilidad en las relaciones económicas y sociales.”
Los objetivos esenciales de la política económica son parte inseparable del objetivo central que es el tránsito de la Sociedad Uruguaya hacia crecientes niveles de desarrollo.
A partir de este enfoque integral, en cuyo centro está el desarrollo, juegan por lo menos tres conjuntos de aspectos esenciales: los económicos, los sociales y los aspectos institucionales. Respecto de los dos primeros reafirmamos que el crecimiento sostenido y sustentable y la redistribución del ingreso y de la riqueza, cambiarán positivamente las condiciones de vida de los uruguayos, especialmente de aquellos que han sufrido pobreza, marginalidad, exclusión, desigualdad. Para ello es necesario mejorar estructuralmente las condiciones de salud, de educación, de vivienda, de seguridad social, sobre lo que ya comenzamos a tener resultados tangibles y, al mismo tiempo, pero con un mayor horizonte temporal, generar equidad de oportunidades en la vida para todos los seres humanos que componen nuestra sociedad.
2.2. Estrategias para alcanzar el objetivo
Calidad e innovación
La especialización productiva a altos niveles de calidad es el camino que debemos recorrer en la producción de bienes y servicios. Uruguay, por su escala, jamás podrá competir en cantidad pero sí tiene excelentes condiciones para proponerse la competencia a niveles de calidad.
El Estado debe crear el escenario favorable para el surgimiento y concreción de esas especializaciones, generar las condiciones para que las ventajas competitivas del país se identifiquen y se materialicen en la práctica. Debe adoptarse una estrategia de desarrollo con un enfoque moderno y dinámico, para desarrollar ventajas competitivas basadas en: un mayor progreso técnico; inversiones en investigación y desarrollo y la constitución de redes de innovación público-privadas.
La construcción de ese escenario no puede quedar librada a la acción irrestricta de las fuerzas del mercado. El sector público tiene un rol protagónico como palanca para el desarrollo, interviniendo activamente en los sectores estratégicos de la economía.
La creación de condiciones favorables a la especialización productiva se materializa en avances en la agroindustria alimenticia, el complejo forestal industrial, la minería, la producción de servicios en materia de transporte, comunicaciones, servicios portuarios, logística, turismo y actividades conexas, tecnología de la información, biotecnología.
Contexto macroeconómico y regulatorio
Las políticas públicas deben procurar la estabilidad de las principales variables macro económicas y establecer marcos regulatorios claros, facilitando la toma de decisiones empresariales. Políticas permanentes tendientes a asegurar la estabilidad fiscal, la reducción de la vulnerabilidad financiera, la reducción de la vulnerabilidad externa, y la promoción social por medio de la creación de oportunidades de desarrollo social con mejoras en la equidad y la igualdad de oportunidades, son medidas imprescindibles a favor del país productivo. No existe país productivo sin estabilidad fiscal y financiera, tampoco con vulnerabilidad social.
No hay crecimiento, ni aumento ni mejora de la calidad del empleo sin inversión, por eso promover las mismas es requisito necesario y fundamental para el logro de esos objetivos planteados en el programa del FA.
La institucionalización y coordinación de los ámbitos de impulso a la Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en el Presupuesto Nacional; los incentivos a la inversión, a la producción, a la innovación y al empleo en el Nuevo Sistema Tributario y el aumento de la inversión pública en infraestructura en Rendición de Cuentas 2005 y las inversiones públicas proyectadas fuera de la Rendición de Cuentas 2006 de instituciones públicas, son ejemplos concretos de estas políticas.
3. Avances
Recién comenzada la segunda mitad del período de gobierno, podemos exhibir cifras e indicadores muy importantes y positivos en todas las variables económicas: aumento significativo del salario real de los trabajadores, aumento real del ingreso de los hogares, aumento del empleo y baja del desempleo. Formalización de la economía y del empleo, aumento del nivel de actividad (consumo interno, exportaciones), que con la mejora de gestión de los organismos recaudadores permitió un notable incremento de los ingresos públicos.
Aumentan las inversiones tanto públicas como privadas, destacándose: el aumento de la inversión externa directa en el sector productivo; el aumento del gasto social en las áreas priorizadas – salud, educación, emergencia social y equidad. - en el Presupuesto Nacional; la disminución de la deuda pública neta y un notorio mejoramiento del perfil de sus vencimientos; habiendo eliminado la condicionalidad del FMI y alcanzado la baja del riesgo país a menores valores que los anteriores a la crisis del 2002.
A modo de ejemplo, se han desarrollado acciones a favor del objetivo planteado:
a) Reducción de la vulnerabilidad social: para reducir la pobreza y la exclusión social, el Plan de Emergencia y posteriormente el Plan de Equidad y la reorientación del gasto público priorizando políticas sociales y políticas activas de empleo.
b) Desarrollo de actividades productivas: fomento del micro crédito hacia actividades productivas; Políticas de sostén de los productores en el campo y para solucionar sus problemas de endeudamiento; Proyecto Uruguay Rural para integración de los productores pobres.
c) Reducción de la desigualdad social del modelo: mejora de la equidad a través del sistema tributario, los Consejos de Salarios y el reequilibrio de las relaciones laborales.
d) Utilizar todos los recursos disponibles directamente: Las empresas públicas y en particular el Instituto Nacional de Colonización, sus recursos humanos, la tierra y los recursos institucionales asociados a ella , para promover proyectos de impacto económico y distributivo de riquezas e ingresos.
e) Reducción de la vulnerabilidad fiscal: resultado fiscal global equilibrado en el ciclo, manejo responsable del gasto público discrecional, búsqueda de un fuerte incremento de la recaudación a partir de la mejora de gestión y la formalización para permitir destinar más recursos para inversiones y gasto social.
f) Reducción de la vulnerabilidad financiera: reestructura de vencimientos, disminución de condicionamientos de organismos financieros, desdolarización, manejo profesional de la deuda pública, etc.
g) Reducción de vulnerabilidad externa: equilibrio de la cuenta corriente; fuertes ingresos de capital en máquinas y equipos y una estructura diversificada de exportación.
h) Políticas Sectoriales de apoyo a sectores estratégicos: modelo forestal; sanidad rural; financiamiento sector lechero; producción de azúcar y bio etanol; política de tierras para colonización y productores lecheros, gasoil productivo
El país enfrenta un escenario económico internacional con aspectos favorables y desfavorables. La acción gubernamental permite potenciar los aspectos favorables. Con un gran esfuerzo el país habilita que los altos precios de exportación para nuestros productos tradicionales se trasladen a toda la cadena productiva, provocando un resurgimiento del sector agro-industrial. Se aprovecha también la demanda tonificada en los mercados regionales (Brasil) y extra regionales, intensificando el comercio con Estados Unidos y los países del NAFTA, con China, el Medio Oriente.
El país cumple con sus compromisos internacionales, logrando un ambiente muy favorable para la inversión, tanto de extranjeros (regionales y extra regionales) como nacionales.
Lo expuesto, junto a otros elementos, determina que la actual política económica es sustancialmente distinta a la llevada a cabo por gobiernos anteriores.
El Uruguay Social
Los Puntos de Partida
Durante la década de los ’90 se intentó desarrollar un proyecto económico y social que se basó, entre otros pilares, en el intento de desmontar el sistema de protección social del Uruguay, en el marco de la aplicación de políticas de ajuste de la economía, sobre la base de la receta neoliberal.
En ese contexto la apuesta fuerte al mercado, a la privatización de las empresas públicas, la desregulación de las relaciones laborales, el desaliento y persecución a los procesos de sindicalización, la eliminación de la negociación colectiva, fueron políticas que se vieron frustradas parcialmente gracias a la resistencia social organizada y al combate político que libró el Frente Amplio.
La sociedad uruguaya le dijo no al modelo de estado mínimo, y le puso cotos al proceso de privatización. No obstante la sociedad uruguaya paga aún los costos de un proyecto, que iniciado en 1990 y continuado hasta el 2004, quebró el aparato productivo, concentró la pobreza y aumentó la indigencia, aumentó la desigualdad social y apostó a un país plaza financiero que mostró su inviabilidad de la peor manera con la crisis cuyo punto culminante es el estallido del 2002.
Cierto es que durante buena parte de esta década se dio un proceso de crecimiento económico fruto de una buena coyuntura internacional, pero no es menos cierto que es durante esta década que se registra el mayor proceso de polarización de nuestra sociedad, donde se consolidan fenómenos de exclusión social, segmentación residencial y segregación social.
En el año 1999 comenzaría una crisis económica de gran magnitud que llevaría a caídas del PBI del orden del 5 % entre 1999 y 2002 y específicamente, en el 2002 la caída del PBI fue de un 10.8%.
En materia de política social y de la mano del modelo económico que se intentó imponer, asistimos al desarrollo de un esquema basado en políticas sociales focalizadas y compensatorias que se orientaban a sustituir los enfoques universalistas y se dirigían a paliar los efectos que sobre las personas más vulnerables generaban las políticas de ajuste estructural.
Eran tiempos donde “la mejor política social era la política económica”, y donde el crecimiento económico iba a permitir que el mercado asignara y distribuyera automáticamente los frutos de dicho crecimiento.
Estas políticas dejaron hondas huellas en términos de la rebaja de calidad de vida de miles de compatriotas.
A partir de 1999 y especialmente entre 2001 y 2004 el país mostró un crecimiento sistemático en la tasa de personas que vivían bajo la línea de pobreza, una tendencia que comienza a revertirse recién en 2005 y en las primeras mediciones disponibles de 2006. El incremento de la incidencia de la pobreza afectó en forma particularmente intensa a la infancia y la adolescencia, y también especialmente a las mujeres.
Llegamos a tener el 2003 y 2004 a más del 30% de la población en situación de pobreza (1.000.000 de personas) y casi el 60% de los niños y niñas menores de cinco años en la misma condición.
Este proceso de pauperización a gran escala fue acompañado por las ya mencionadas nuevas lógicas de estratificación social, marcadas por fenómenos como la segregación residencial y la segmentación educativa, y que contribuyen a reproducir la pobreza y a crear situaciones de exclusión social para cada vez más personas. La insuficiencia de soluciones habitacionales para la población de menores recursos produjo la masificación de asentamientos urbanos en zonas periféricas. El denominado núcleo básico evolutivo, es la clara expresión de una concepción excluyente que cambia el concepto de vivienda digna por el de un producto básico que debería evolucionar acompasado al crecimiento económico. Finalmente, la crisis del 2002 puso al desnudo todas las inequidades e ineficiencias del sistema llevando al Banco Hipotecario a una virtual quiebra de la que todavía no se recupera, expropiando los recursos que con destino a la vivienda aportaban los trabajadores y los pasivos, dejando visibles la inequidades
Heredamos un país sumergido en la pobreza, con altas tasas de desempleo, situaciones de desnutrición infantil, con niños y niñas alimentándose con pasto configurando un tenebroso “espectáculo” nunca antes presenciado en el Uruguay, con una altísima expulsión de los adolescentes y jóvenes de la enseñanza media, con una sangría de talentos a través de la emigración masiva. Estas “imágenes” o “pincelazos” que es bueno traer a colación 30 meses después de asumido el gobierno de la izquierda, intentan capturar una situación que los uruguayos tuvimos que vivir recientemente, la de no poder reconocernos cuando nos confrontábamos con un pasado cada vez más idealizado.
El panorama de las políticas sociales en Uruguay hasta 2005
Durante la década del ’90, la visión imperante en América Latina en materia de política social estuvo basada en una fuerte crítica de la concepción del Estado de Bienestar clásico. Esta visión de política social era consistente con un enfoque de política económica de corte neoliberal que tuvo como objetivos principales la estabilización de las economías de la región. Dicha estabilización se conseguiría a través de políticas de ajuste estructural, basadas en la reducción del déficit fiscal, la baja de la inflación y la liberalización general de los precios de la economía, entre otras medidas sustantivas.
En este marco, las políticas sociales deberían ser compensatorias, esto es, deberían dirigirse hacia aquellos sectores sociales que resultaran ser los principales damnificados de la implementación de los ajustes a las economías. Para ello estas políticas deberían focalizarse adecuadamente.
Obviamente, en este enfoque la política social no podía ser otra cosa que una política marginal, compensatoria y subsidiaria de la política económica. Serían también políticas de corto plazo, ya que a mediano plazo se cosecharían los frutos del crecimiento económico.
Una de las consecuencias principales que tuvo este enfoque fue la deserción del Estado de su responsabilidad en la rectoría de la política social, delegando su responsabilidad casi totalmente en las organizaciones de la sociedad civil, que si bien son actores clave en la constitución de una política social eficaz y eficiente, no pueden ni deben sustituir el papel rector del Estado en la materia.
Otro aspecto que vale la pena resaltar es que estos gobiernos al igual que el actual, se encontraron en su gestión con una alta segmentación y fragmentación institucional de las políticas sociales. El diagnóstico de la falta de coordinación de las políticas sociales en Uruguay reunió el consenso, por lo menos en el discurso, de todas las fuerzas políticas durante la campaña electoral del 2004.
Frente a esta situación, los gobiernos anteriores ensayaron algunas respuestas, presionados también por organismos internacionales, que desde nuestro punto de vista han sido erróneas. Se procedió a la creación de programas que, ubicados fuera de la institucionalidad de las políticas sociales, pretendían resolver los dilemas que planteaba tal fragmentación. Más aún, estas soluciones ensayadas al estilo creación de programas “by-pass” han mostrado serios déficits en términos de transparencia y de potencial para crear “capacidad estatal” como principal regulador y ejecutor de las políticas sociales.
A pesar de ello la llegada del FA hizo que se despertaran las reservas morales en cientos de funcionarios que vieron en el nuevo gobierno una esperanza de cambio real y efectivo.
La estrategia del nuevo gobierno:
En el IV Congreso Extraordinario del FA “Héctor Rodríguez” se planteó que la política social del gobierno progresista estaría basada en las siguientes orientaciones: “justicia social, mejor calidad de vida, trabajo digno, equidad e inclusión, distribución solidaria, integralidad, participación y descentralización, salud para todos, educación para el desarrollo y la cultura ciudadana, seguridad social integral y vivienda popular”.
Se definía que el problema de la pobreza requería de un enfoque integral, diferencial y participativo en la búsqueda por generar medidas de combate a las causas de la pobreza y por ello se defendía un enfoque de las políticas que garantizara la interdependencia de las políticas sociales con las políticas económicas e institucionales.
Para nuestra fuerza política los conceptos estaban muy claros, las principales orientaciones del Gobierno en materia de política social pueden resumirse pues en los siguientes puntos:
· El Estado debe asumir su responsabilidad como rector de la política social.
· La política social debe articularse con la política económica en el marco de un proyecto de desarrollo social, del cual ambas constituyen sus dos dimensiones.
· La descoordinación y fragmentación institucional de las políticas sociales en el país constituyen -antes que la causa de la ineficacia e ineficiencia de las mismas- la consecuencia de la ausencia de una estrategia de desarrollo social. Si no hay una estrategia que oriente las políticas, mal podrán éstas coordinarse.
· Las estrategias de política social deben pensarse desde las “cuestiones sociales” y desde los “problemas” y no desde las instituciones, para luego pasar a la definición y asignación de roles y funciones de la institucionalidad.
· Los programas y acciones focalizadas tiene sentido en la medida que se articulen con las políticas universales de desarrollo social de mediano y largo plazo y tienen sentido en la medida que dejen capacidades instaladas en los organismos sectoriales que rigen en materia de política social y que se articulen en el territorio, propendiendo al desarrollo de las comunidades locales.
A tales efectos:
- Se creó el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), asignándole el cometido de coordinar las políticas sociales en el país, bajo las siguientes guías antes señaladas. Las tareas de esta primera mitad del período de gobierno ha estado pautada por la implementación del PANES en todos sus componentes: Ingreso Ciudadano, Tarjeta de Alimentación, Rutas de Salida, Trabajo por Uruguay, Atención a los Sin Techo, Proyectos de Opción Productiva, Nos tenemos que VER, En el País de Varela Yo sí puedo, Derecho a la Identidad entre otros. Además el MIDES ha potenciado su impacto a través de la acción del Instituto Nacional de la Juventud, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Programa de Infancia, Adolescencia y familia-INFAMILIA, además de la labor en torno a la promoción de emprendimientos productivos orientados en clave de economía social, el impulso al procesos de descentralización en el territorio, y el apoyo a los procesos de participación ciudadana y a la organización colectiva en todo el país. Se trabajó intensamente además, en el aporte a la construcción de una cultura de la evaluación y el monitoreo de todas las acciones, y a la coordinación y articulación en el diseño e implementación de todas las políticas sociales.(VER ANEXO)
- El Instituto Nacional de Infancia y Adolescencia en Uruguay destaca como ejes prioritarios de su labor en el Fortalecimiento Institucional (Sistema de Información, Recursos Humanos, Compras); la realización de una Planificación Estratégica que ha permitido formular el Plan Operativo Anual del INAU, en sus definiciones estratégicas y operativas y la Innovación Metodológica con la instalación de las experiencias piloto: Centros Locales de Promoción y Protección de Derechos (Casamiga), Consejos Asesores y Consultivos de Infancia y Adolescencia. (C.A.C.I.A.) Participaron de este Programa, establecimientos de modalidad Tiempo Parcial (Clubes de niños, Clubes de jóvenes, etc), Tiempo Completo, INTERJ, y División Convenios., Programa de Participación Infantil y Adolescente (PROPIA), Centro de Referencia en Infancia y Adolescencia. (C.R.I.A. Maldonado) atención a niños/as y adolescentes con problemas de adicciones, Programa Binacional de Infancia y Adolescencia. (PRO.B.I.A.) Uruguay-Brasil, que tiene por objetivo la creación de una Red Regional de enfrentamiento al Tráfico de niños/as y adolescentes con fines de explotación sexual del MERCOSUR; Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) entre entre el MIDES, M.S.P., ANEP, INAU.
En el INTERJ se fortalecieron los recursos humanos a través de diversas líneas de promoción mediante concursos y se fortaleció la capacitación a los funcionarios. Se buscó mejorar las instalaciones por medio de un plan de Obras que comenzó en el año 2.005, y aumentó el número y calidad de las actividades educativas en la Colonia Berro. ( VER ANEXO)
- Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.- Las tareas de gobierno, casi hasta el presente, han estado dirigidas a revertir conceptual y estructuralmente los lineamientos de acción estatal en el área, realizando un gran esfuerzo económico dirigido a la culminación de programas y proyectos ya iniciados e inconclusos, reestructurar legalmente el sistema público habitacional, atendiendo a las necesidades del futuro y procurando obtener la sustentabilidad financiera y económica del nuevo sistema.
Las principales actuaciones desde marzo de 2005 a la fecha:.
a.- Plan Quinquenal de Vivienda 2005- 2009, dándole naturaleza legal a los cambios conceptuales que se proponen, estableciendo las metas en términos de construcción de viviendas, acceso a la vivienda y permanencia en la vivienda.
b.- Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización La inversión en vivienda con cargo al FNV se incrementarán en un 85% en el período y la totalidad de la inversión en vivienda se incrementará un 112% (incluyendo endeudamiento BID). Los créditos asignados superarán en 2009 en más de un 25% a lo recaudado por el FNV.
c.- Se ha priorizado el sistema cooperativo por ayuda mutua en la asignación de los recursos del plan, no existiendo, a la fecha, cooperativas con terreno y proyecto culminado que no se encuentren en etapa de escrituración. Se han logrado acuerdos con FECOVI para reestructurar las deudas frente al BHU.
d.- Se ha construido viviendas de acuerdo al Plan Quinquenal, desarrollado una línea de crédito para la refacción, mantenimiento o ampliación de vivienda propia, creado subsidios para compra de vivienda usada y el Fondo de Garantía de Alquileres.
e.- se está trabajando en la Reestructura del Banco Hipotecario del Uruguay y en la instalación de la Agencia Nacional de la Vivienda.
f.- El programa de Integración de Asentamientos Irregulares se incorporó al Ministerio de Vivienda así como MEVIR ha potenciado su actuación
- Ministerio de Salud Pública ha librado en este período una fuerte batalla por el Sistema Nacional Integrado de Salud integrado por tres grandes ejes de la reforma sanitaria: cambios en el modelo de atención, en el modelo de gestión y en el modelo de financiamiento.
Entre los principales logros a destacar señalamos: a) la creación de la red territorial de servicios de salud. b) el trabajo por programas integrales, con énfasis en la promoción y prevención. c) el fortalecimiento de los servicios públicos d) la participación comunitaria e) la coordinación intersectorial .f) la construcción del rol regulador y contralor del MSP. g) la construcción del SNIS y del seguro nacional, creando el marco legal y normativo.
a) La reforma ha priorizado el primer nivel de atención como ámbito donde resolver la gran mayoría de los problemas de salud y desarrollar con mas fuerza la estrategia de la atención primaria de salud ( APS), con la conformación de una red de atención con base territorial articulando los servicios de salud públicos entre sí y con los privados.
b) Se han desarrollado programas de salud con fuerte contenido de promoción y prevención ordenando las acciones con metas y estándares de calidad. Priorizando el programa de la niñez, programas de salud del adulto mayor y de salud sexual y reproductiva. En el tema de las adicciones se ha fortalecido la Junta Nacional de Drogas y han tenido un impacto importante las acciones de control del tabaquismo con un amplísimo respaldo de la población.
c) El fortalecimiento de los servicios públicos posibilitó que ASSE atendiera en el año 2006 1.440.264 usuarios, es decir al 45% de la población con un incremento significativo de su presupuesto.
Ello ha permitido que, mientras que el gasto por usuarios no llegaba en 2004 a
300 pesos mensuales por usuario, el año 2007 cierre al final de año con 436 pesos por usuario, es decir más del 50% de incremento en el gasto por usuario.
El crecimiento en inversiones hizo posible la creación de nuevos servicios como el centro oftalmológico en el hospital Saint Bois, y una gran cantidad de policlínicas zonales de Montevideo (red atención de primer nivel) e interior, así como refacción y ampliación
de emergencias, policlínicas y salas de internación en hospitales de todo el país (Rivera, Artigas, Dolores, San José, Treinta y Tres, etc.). También se mejoró el mantenimiento de equipos y compra de equipamiento nuevo como la renovación de los equipos de anestesia (nuevos equipos para el hospital Pereyra Rossell (7), para Carmelo, Colonia y San José, Artigas, Flores, y para el hospital de Salto (3). veinticinco ambulancias nuevas acrecentaron los servicios de Montevideo e interior.
Estas inversiones han priorizado los servicios que se encontraban con mayor grado de deterioro (como los hospitales de la frontera norte), los servicios que atienden a las zonas con mayor concentración de población de usuarios (como el área metropolitana), y aquéllos que revisten importancia de acuerdo a la planificación estratégica de ASSE.
d) participación social: comenzó un proceso histórico de involucramiento de usuarios de servicios públicos y privados. Múltiples asambleas zonales dieron lugar a la creación de un movimiento de usuarios en todo el país. El funcionamiento del Consejo Consultivo Central y Departamentales, abrió una instancia amplia de información, debate y consulta e involucramiento de múltiples actores. La participación de los trabajadores, como tales ha dado pasos iniciales pero falta avanzar más en este plano. El involucramiento del PIT-CNT en el proceso de la reforma constituye un hecho positivo.
e) La coordinación intersectorial con el conjunto de las políticas sociales se tradujo en la creación del gabinete social y coordinaciones regulares entre instituciones y actores con responsabilidad en esta área. Son primeros pasos en una línea que necesita profundizarse.
f) Construcción del MSP como órgano rector, regulador y controlador del conjunto del sistema. a partir de un ministerio débil y partidizado, con marcos regulatorios antiguos o inexistentes, se ha comenzado la construcción de un nuevo ministerio de salud con centralización normativa y descentralización ejecutiva a través de directores departamentales de salud.
g) La construcción del SNIS se ha ido plasmando en normas legales donde destacan las leyes de descentralización de ASSE y creación del fondo nacional de salud ya aprobadas por el parlamento. La creación del FONASA establece nuevas reglas de juego en la financiación, centralizándola, afirmando el aporte según ingresos y retribuyendo por cápita ajustadas por edad y sexo. Al mismo tiempo va generalizando el acceso a la cobertura de salud de trabajadores y sus familias. la ley de creación del SNIS que dará forma al nuevo sistema está en pleno proceso de discusión parlamentaria. a la resistencia de los grupos corporativos que ven peligrar sus privilegios, y tienen algunos voceros parlamentarios se suma una embestida baguala del partido nacional en defensa de la atención privada y desreguladora del Estado.
Grandes sectores de la población no han tenido hasta el momento una atención digna, hoy se trata de incorporarlos al seguro nacional de salud de forma que los resultados de la reforma vayan sintiéndose más claramente en ellos. Cada cual aporta según su ingreso y recibe de acuerdo a sus necesidades. Este principio por el que se lucho durante tanto tiempo comienza a aplicarse hoy.
- La Educación, una de las prioridades.- A mitad del período de gobierno pueden constatarse los siguientes avances:
En relación a políticas educativas:
- Se ha sido cuidadoso en contribuir a generar un clima de respeto a los actores del sistema.
- Se aprobó la obligatoriedad de la Educación Inicial en el nivel 4 años que empezará a regir a partir del 2009.
- Idéntica obligatoriedad a partir del 2009, será para la Educación Física en Primaria (el proyecto de ley respectivo se está tratando en la Cámara de Diputados).
- En materia de extender las escuelas de Tiempo Completo, poco se ha podido avanzar en ello.
- Con no pocas críticas por parte de quienes preferirían la ignorancia, comenzó la enseñanza de la Historia reciente y la Educación Sexual.
- Comenzaron cambios de planes a nivel del Ciclo Básico.
- Se ha trabajado sobre políticas educativas inclusivas en base a: maestros comunitarios, reingreso de adolescentes al sistema educativo y otras estrategias.
- Comenzó la aplicación del programa “En el país de Varela, yo si puedo”, de combate al analfabetismo.
- Comenzaron los primeros pasos en la aplicación del Plan Ceibal (una computadora por niño y por maestro), siendo intención cubrir el 100% en el 2009.
- Se acaba de definir una política de lenguas.
En relación a los recursos:
En forma permanente y a través de las distintas instancias presupuestales van aumentando los recursos que se destinan para la Educación, para poder llegar al fin del período al 4,5% del P.B.I. (compromiso de la fuerza política).
Ello se ve reflejado en el crecimiento real de los salarios y en más recursos para la Educación.
Más docentes se han integrado al Sistema y se ha regularizado la situación de la inmensa mayoría de los auxiliares de Servicio.
En relación a lo institucional
A nivel de los consejos desconcentrados se han incorporado representantes de los maestros y de los profesores.
La realización del Debate Educativo a través de asambleas territoriales y funcionales y del Congreso de Educación, ha permitido poner en debate público los temas ligados a esta importante área.
Próximamente será presentada al Parlamento una nueva ley de educación, que importará cambios estructurales al sistema.
El Uruguay democrático
Nuestros compromisos
La concepción de democratizar la sociedad y el estado se tradujo en una práctica consecuente desde el inicio del Gobierno en marzo del 2005, lo que nos ha traído no pocos enfrentamientos con los sectores que detentan distintos poderes. Sabíamos que íbamos a tener contradicciones y que el conflicto estaría planteado, también habíamos alertado que los tiempos del gobierno, la fuerza política y las organizaciones sociales eran distintas.
Reconstrucción del Estado
Al Asumir el Gobierno, nuestros compañeros se encontraron con una realidad peor que la que se esperaba. La desorganización sistemática, la corrupción, las prácticas clientelísticas, etc., fueron más profundas que lo que creíamos.
La independencia formal de los poderes del Estado, se contraponía a la existencia, en la práctica, de una preeminencia muy fuerte del Ejecutivo sobre los demás. Esto era notorio respecto al Legislativo, donde casi no existía iniciativa parlamentaria, y también lo era con respecto al Poder Judicial, el que se veía limitado tanto por razones financieras como de posibilidad de actuar ante ciertos temas como por ejemplo todo lo relacionado con los DDHH.
La relación Ejecutivo -Legislativo ahora es mucho más horizontal, y en los temas claves se han producido discusiones que han mejorado en aspectos no menores los proyectos enviados por el Ejecutivo.
Hasta la fecha el Parlamento lleva aprobadas 230 Leyes en dos años y medio.
El Poder Judicial ha sido priorizado en su presupuesto y ha mejorado la relación del Poder Ejecutivo con el Judicial
Reforma y democratización del Estado
La transformación democrática del Estado implica entre otras cosas, un Estado al servicio del ciudadano, palanca del desarrollo productivo y escudo de los débiles. Para ello nos planteamos en el programa:
- Establecer los objetivos básicos de modernización, proyectos de desarrollo, democratización, inclusión y garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos.
- Impulsar nuevas políticas públicas de regulación y reformas estructurales.
- Modificar radicalmente los sistemas de gestión.
- Estimular la formación y transparentar el ingreso a la función pública, desterrando el Clientelismo mediante el ingreso por concurso o sorteo.
- Democratizar las políticas públicas abriendo espacios para la participación de los trabajadores y usuarios.
a) Objetivos de la Transformación democrática del Estado
- Un estado democrático, eficiente, al servicio de los ciudadanos
- Una nueva cultura de la planificación y el desarrollo nacional
- Un estado líder del desarrollo nacional, conductor e instrumento de un permanente proceso de expansión de la democracia en amplitud y profundidad.
b) Instrumentación de la Transformación democrática del Estado
- La instrumentación es en primera instancia política, el Presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros determina la Política de Transformación del Estado.
- Se promueve la participación de la sociedad a través de los organismos que intermedian entre sociedad y ciudadanos: partidos políticos, sindicatos, empresarios, la academia.
- Se generarán canales interactivos de comunicación del gobierno con la sociedad civil y los ciudadanos a través de Internet, para ello y como instrumento de la nueva gestión pública, se crea la Agencia para el desarrollo del Gobierno Electrónico, la Sociedad de la Información y el Conocimiento
- El gobierno ha presentado al parlamento un proyecto de ley de descentralización que va en el sentido de poner el gobierno más cerca del ciudadano.
c) Estrategia y contenido de la Transformación democrática del Estado
* Estrategia:
a- racionalización de la gestión pública
b- logro de eficiencia, eficacia y calidad
c- generación de crecientes espacios de participación
* Contenido:
a. modernización de la gestión pública
El proceso de la gestión pública incluye la planificación, la ejecución de los planes y el control y evaluación de la misma.
Para vincular los resultados a alcanzar con los esfuerzos de los trabajadores se acordarán compromisos de gestión que transparenten lo que cada uno se compromete a hacer y simplifiquen las rendiciones de cuentas a todos los niveles, incluso el de la sociedad civil.
El gobierno electrónico puede ser una alternativa interactiva para transparentar la función pública y aportar a la transformación de los ciudadanos en protagonistas a través de internet.
b. adecuación de las estructuras organizativas y de los recursos humanos de los servicios públicos a los objetivos del gobierno.
Son los planes estratégicos de los organismos del Estado los que determinan que trabajo es necesario desarrollar para cumplirlos y por lo tanto que recursos humanos en cantidad y calidad son requeridos y bajo que forma organizativa. Se trata de un proceso de cambio profundo que requiere la participación de trabajadores y jerarcas en su construcción.
d) Descentralización y participación
Se han realizado cambios legislativos y se han decretado normas administrativas tendientes a descentralizar, llevando el poder de decisión más cerca de la gente, haciendo accesible, independientemente del lugar donde uno se encuentre, los servicios que brinda el Estado.
El debate educativo demostró la posibilidad y fecundidad de la participación social en la consideración de temas centrales del país.
Instancias como el Consejo Consultivo de la Salud involucraron a las más diversas instituciones y organizaciones en la información, el debate y las propuestas sobre las transformaciones de este sector. La organización de los usuarios de la salud basada en asambleas zonales en todo el país y su participación en la dirección de ASSE y de la Junta Nacional de Salud son pasos sustantivos para la democratización del sistema de salud.
Las Mesas de convivencia y seguridad ciudadana contribuyeron a un enfoque intersectorial, comunitario y participativo de un tema complejo que genera honda preocupación en la ciudadanía.
La instalación de los Consejos de Salarios y la aprobación de la ley de fuero sindical abrieron formas de democratización de las relaciones laborales, marcando un punto de inflexión frente a décadas de prescindencia o complicidad en la violación de los derechos de los trabajadores.
Adicionalmente, tenemos que agregar el proceso de descentralización del MGAP, iniciativa legal que ya ha comenzado a concretarse con la instalación de los primeros Consejos Agropecuarios Departamentales.
Se instrumentó por ley el Consejo de Economía Nacional que ya ha comenzado a funcionar, y se lanzó el Compromiso Nacional, escenario auspicioso en sus intenciones aunque hasta ahora no del todo materializado.
Estas reformas profundas promovidas por el programa frenteamplista requieren de la participación social para su viabilización.
La Reforma del Estado pasa, en uno de sus ejes centrales, por avanzar hacia una democracia participativa que complemente los aspectos representativos. La creación de una matriz institucional para la descentralización supone incorporar la participación social tanto en las políticas nacionales como en las departamentales, a través de organismos consultivos que recojan opiniones y propuestas de la sociedad civil. Para ello es fundamental la articulación con los gobiernos departamentales para generar o enriquecer los procesos de descentralización.
El borrador de anteproyecto de ley de descentralización local coloca el tema en el centro de la escena nacional. La iniciativa apunta a construir un ámbito político participativo en todas las ciudades, pueblos y villas en el entendido de que el robustecimiento del compromiso político creará una institucionalidad democrática mucho más atenta a los derechos humanos y a la concreción de esfuerzos productivos que superen las desigualdades intra nacionales.
La definición de un marco legal permite llegar a pequeñas poblaciones y también debe incluir a las capitales departamentales así como abrirnos caminos que en su momento bloquearon los partidos tradicionales para profundizar la descentralización en Montevideo. Con más de 15 años el proceso de descentralización en Montevideo ha demostrado su sustentabilidad y sus logros, y también la capacidad de reflexionar sobre sus carencias para renovarse. Distintos foros ciudadanos a los 10 años de implantación, y luego en 2005 han reafirmado la vigencia y jerarquizaron de la estrategia de descentralización así como la necesidad de su actualización.
El presupuesto participativo ha sido una herramienta fecunda en esa perspectiva de renovación. En este periodo La Comuna en Debate encara en forma participativa la definición de rumbos en este plano y el aporte al proyecto de descentralización local. Los procesos de descentralización que se están llevando adelante en Canelones, las iniciativas de Presupuesto Participativo en Paysandú y Florida, las políticas de reordenamiento y vínculo con las organizaciones comunitarias en Salto, Rocha y Treinta y Tres también deben enriquecer las políticas que se definan a nivel nacional en ese plano.
El Frente Amplio definió el concepto de descentralización como transferencia de poder a la sociedad civil. El documento 6 sigue siendo una guía ineludible para la consideración de este Tema y al respecto señala que el Frente Amplio concibe el Gobierno Local como espacio de proyección de la presencia relevante de la Sociedad Civil, lo que se expresará mediante la instalación, desarrollo y consolidación de instituciones y órganos adecuados para que aquella pueda manifestarse.”
En función de estos lineamientos consideramos esencial complementar los aspectos propuestos en el borrador de anteproyecto de ley con la creación de órganos de participación de la sociedad civil y no limitarse a órganos de representación partidaria local.
La experiencia de Montevideo y las recientes comunas del interior gobernadas por el Frente Amplio, así como las políticas nacionales de educación y salud demuestran la importancia de establecer mecanismos de consulta y participación directa de la población y no reducir el sistema de descentralización a la constitución de órganos representativos sean estos de naturaleza partidaria o social.
Junto con esta iniciativa en debate se comenzarán a implementar Centros de Atención Ciudadana para que todos los habitantes del país, no importa donde vivan, puedan tramitar sus asuntos con el Estado en forma rápida y efectiva.
Existe hoy una nueva relación del Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales a través de la Comisión Sectorial de Descentralización, integrada por seis ministerios, MTOP, MGAP, MIEM, MTD, MVOTMA y MEF y seis Intendentes Municipales, designados por el Congreso de Intendentes y, coordinada por OPP, que ha posibilitado la adjudicación de partidas desde el Gobierno Central a todas las intendencias sin distingos en función de colores políticos, que han sido entregadas a cada Gobierno Departamental puntualmente.
Otro aporte fundamental que fortalece el concepto de Uruguay Democrático es la realización de Consejos de Ministros en el Interior, uno cada dos meses y medio, a través de los cuales el Presidente y todos sus ministros comparecen en las distintas localidades y atienden cientos de entrevistas con organizaciones sociales o personas, en una demostración cara a cara de preocupación y transparencia, inédita en la historia nacional.
Se está procesando, con miras a su aprobación este año, una ley de funcionamiento de los partidos políticos donde se regula y garantiza su funcionamiento democrático, incluyendo la transparencia de su financiación, el acceso de la ciudadanía a toda la información de las finanzas, el uso equitativo y gratuito a los medios de comunicación, como forma de posibilitar el funcionamiento democrático de los partidos.
El objetivo estratégico de la democratización del Estado exige un proyecto global que funde la institucionalidad del Uruguay del siglo XXI superando las herencias conservadoras del Estado. El logro de este objetivo, en su proceso requerirá nuevas normas reglamentarias, legales y aún constitucionales para alcanzar una institucionalidad más participativa, donde se tienda progresivamente a transformar al ciudadano en protagonista.
Derechos Humanos
Nuestra fuerza política siendo Gobierno, mantiene como objetivo, cumplir con el respeto, difusión y vigencia de los Derechos Humanos. En ese sentido se han aprobado leyes e implementado políticas públicas en pos del ejercicio pleno de los derechos civiles, sociales, económicos, y políticos.
En función de ir acompasando el derecho interno con el derecho internacional, se aprobaron en el Parlamento, instrumentos legales relativos a la cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Se promulgó la ley de refugio y se ha intentado dar cumplimiento con los informes periódicos a los organismos internacionales y la toma de previsiones para las recomendaciones que desde allí emanan, dando cumplimiento al compromiso que Uruguay ha realizado en la firma y ratificación de Convenciones y Protocolos en el ámbito internacional. Se creó la Dirección de Derechos Humanos dependiente del MEC.
Las políticas sociales desarrolladas han tenido una impronta fuerte de avance en los derechos humanos de las mayorías postergadas y de construcción de ciudadanía. Tanto el Plan de Emergencia, como las políticas de salud, las políticas sobre drogas, las políticas educativas, entre otras apuntan a corregir iniquidades, desigualdades, que afectan los derechos democráticos y sociales de una gran parte de la población uruguaya. Como tales contribuyen a la democratización de la sociedad.
La creación del Ministerio de Desarrollo Social dio especial atención a la población en estado de extrema pobreza.
El Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre hombres y mujeres fue aprobado, organismos internacionales y movimientos de mujeres plantean que el INAMU, se constituya en el futuro en Ministerio.
Destacamos los avances realizados desde las políticas públicas y la aprobación de leyes que apuntan a la no-discriminación de personas por causa alguna. Resaltamos la creación de
Se avanza en el derecho de la protección de datos personales y a la intimidad, se puede contar con el proyecto de generar mecanismos para el empleo de las nuevas tecnologías de información, como ser bases de datos, correo electrónico y video conferencias, comunicación global de datos, con mayor rapidez e interconexión entre los registros, etc., esto hizo necesario que las normas vigentes para el manejo de documentos fueran revisadas. (Ley 17838) e incorporar el Habeas Datas como garantía constitucional.
Desde
En el congreso ‘Héctor Rodríguez’, se hizo referencia a la ley 17.514 de ‘ Violencia doméstica’ promulgada en julio de 2002, señalándose que correspondía entonces materializar dicha ley poniendo en marcha todos los mecanismos necesarios para operar desde lo social y desde lo jurídico, a fin de poder facilitar a las víctimas el acceso a la justicia.
En tal sentido:
1. - Junto con Instituto Nacional de las Mujeres.- INAMU, se instalaron 7 comisiones departamentales de lucha contra la violencia doméstica.
2. - Se desarrolla el proyecto ‘Fortalecimiento a la justicia en materia de violencia doméstica’, buscando mejorar la capacidad de respuesta institucional. Durante el 2005 se realizaron 6 talleres regionales sobre el tema-
3. - Se llevan adelante una serie de acciones específicas que incluyen:
a) un programa de capacitación piloto multidisciplinario dirigido al sector justicia (jueces, abogados y funcionarios del poder judicial); a otros sectores del estado y a sectores de la sociedad civil.
b) diseño de políticas y medidas administrativas para cumplir con compromisos internacionales. Elaboración de 3 informes (acerca de la aplicación de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de naciones unidas), regularizando así el atraso histórico que tenía nuestro país con los compromisos asumidos ante la CEDAW.
c) establecimiento de una base de datos de estadística nacional, a través de la creación del Observatorio de Violencia Doméstica dentro del Ministerio del Interior.
d) formación de capacidades institucionales locales.
Lo hecho, si bien es un avance importante, no es suficiente ya que el problema tiene profundas raíces sociales y culturales
Verdad y Justicia
Nuestra fuerza política en las instancias orgánicas en que definió su Programa y Plan de Acción – Congreso Héctor Rodríguez-, estableció lineamientos en los que se comprometió a establecer la verdad y habilitar la actuación de la justicia frente a la impunidad impuesta por gobiernos anteriores. Los avances realizados en este tema en los 2 años y medio del actual Gobierno en cumplimiento de aquellas definiciones constituyen un cambio del escenario. La democracia se fortaleció en nuestro país también en este plano, y el respaldo popular que tuvo la acción del Gobierno y el Poder Judicial, desmintió a décadas de amedrentamiento.
Para avanzar en la búsqueda de la verdad se actuó usando todas las posibilidades legales existentes en nuestro ordenamiento interno y en ese sentido se cumplieron investigaciones según el artículo 4 de la Ley de Caducidad y se excluyeron aquellos casos que no correspondía amparar en la citada norma. Hoy, el proyecto de creación de un archivo nacional de la memoria, que está en discusión en el Parlamento, debe resolver sacar la administración de los archivos de la represión de los agentes que la llevaron a cabo, tal como lo recomienda la UNESCO. Esta es la única forma en que se puede contar con una información veraz, sobre los desaparecidos. Ubagesner Chavez Sosa y Fernando Miranda han podido ser encontrados y más de doscientos luchadores continúan desaparecidos, manteniendo un delito permanente y una herida abierta en la sociedad. Diversas investigaciones han demostrado la existencia de traslados clandestinos de decenas de militantes políticos y sociales hacia nuestro país y su desaparición posterior. La responsabilidad de los organismos de seguridad del Estado y de toda una trama de complicidad y ocultamiento civil requieren el esclarecimiento de estos crímenes.
Sigue siendo un compromiso democrático relevante la erradicación de la doctrina de la seguridad nacional que todavía alienta reivindicaciones en filas castrenses de lo actuado por la dictadura, y el ocultamiento o falseamiento de la información respecto a estos temas.
El Gobierno frenteamplista, como efectivamente había comprometido excluyó de la ley de caducidad un número importante de casos, permitiendo la actuación independiente de la justicia, lo que concluyó en procesamientos. Muchos otros casos como el de María Claudia García de Gelman no han podido avanzar ante la justicia a partir de la ley de caducidad.
El procesamiento de connotados militares torturadores y el dictador Juan María Bordaberry, así como antes el ex canciller Juan Carlos Blanco, marcan el inicio de un período nuevo donde
Los logros en la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por nuestro país, como la tipificación de los delitos de tortura y desaparición forzada, o
Asimismo es de destacar que no bien se hizo cargo la nueva administración se dispuso librar el acceso, a través de las organizaciones de DDHH, a toda la información que tuviera que ver con la actuación del Estado en violación de los derechos humanos y que se dispusiera el ordenamiento y la desclasificación de los archivos existentes en el Ministerio de RREE.
El compromiso realizado por nuestra fuerza política de crear una estructura institucional de carácter mixto, gubernamental y no gubernamental, para el seguimiento de los grandes temas relativos a los derechos humanos se encuentra en tratamiento parlamentario.
Hacia delante, al gobierno frenteamplista y a nuestra fuerza política, junto con todas las fuerzas sociales, les cabe la responsabilidad de profundizar los caminos para alcanzar la verdad y la justicia sin restricciones.
Seguridad ciudadana
Los objetivos estratégicos del Frente Amplio en materia de seguridad ciudadana tienen como base el concepto de seguridad como derecho humano. El Estado tiene el deber de garantizar su goce efectivo a todas las personas que habitan en su territorio.
Se rechazan la estigmatización y la segregación social de sectores de nuestra población, al asociar directamente los niveles de inseguridad ciudadana a la pobreza, la marginación, o a determinados barrios o zonas de nuestras ciudades. Los factores asociados a la exclusión, la pobreza extrema y el desempleo deben ser especialmente considerados al diseñar e instrumentar medidas para prevenir la generación de situaciones de violencia interpersonal y social,
En marzo del 2005 la sociedad uruguaya se encontraba en una situación extremadamente compleja en materia de seguridad pública. Las políticas de Seguridad Ciudadana debían ser coordinadas con las llevadas adelante por otros ministerios.
El Ministerio del Interior, se planteo el mejoramiento de la situación carcelaria, la atención a las víctimas de delitos, la profesionalización de la policía y la participación ciudadana en la decisión de las medidas de seguridad pública de acuerdo a las prioridades de cada territorio.
El Frente Amplio se propuso implementar una reestructura en el Ministerio del Interior, para aumentar la eficacia en el cumplimiento de sus cometidos específicos.
Se plantea reformar el marco institucional, separar las funciones del Ministerio del Interior y de
Se comenzó un programa dirigido a la capacitación de los recursos humanos del Ministerio, con el doble objetivo de que al personal de carrera policial no se le asignen funciones ajenas a su formación profesional, y que las funciones de naturaleza técnica, administrativa o de servicios de ese Ministerio sean desempeñadas por personal no policial, bajo las mismas normas estatutarias que los otros funcionarios de la Administración Central, sin que esto afecte derechos adquiridos. Se ha planteado reestructurar el actual esquema de las Direcciones Nacionales consagrado en la Ley Orgánica Policial, a los efectos de evitar que se desarrollen tareas superpuestas o sobredimensionadas,
Se plantea incorporar a la actual Dirección Nacional de Información e Inteligencia al proceso de reestructura de los organismos vinculados a la Seguridad del Estado, definiendo con precisión sus cometidos estableciendo los mecanismos de control parlamentarios y otros pertinentes en el marco de un Estado democrático de derecho.
La Policía Nacional tiene un rol fundamental en la ejecución de las políticas de seguridad ciudadana. Por ello nos propusimos:
- Crear la estructura administrativa y operativa necesaria para el funcionamiento de la Dirección General de la Policía Nacional, dentro de la estructura orgánica profesional de la fuerza pública.
- Iniciar un proceso de transición en el que, gradualmente se concrete el nuevo despliegue territorial y funcional de la Policía Nacional conforme a las actuales necesidades de nuestro país.
- Fortalecer el proceso de formación policial en todos los niveles, para la actualización permanente de los conocimientos y prácticas profesionales.
- Regular en una nueva Ley orgánica de la Policía Nacional, el Estatuto Policial, de forma tal de garantizar la carrera profesional y asegurar la promoción de los miembros de la institución con mejores calificaciones, conducta y experiencia para los cargos y destinos correspondientes.
Sistema Penitenciario.
- Se propone una reforma sustancial del Sistema Penitenciario, constituyendo ésta una prioridad para el Estado, en función de su obligación de garantizar los derechos humanos de todos lo habitantes del país.
- Se plantea implementar un Plan de Emergencia para dar respuesta efectiva a los aspectos más urgentes en las cárceles uruguayas. Este plan tendrá como objetivo asignar los recursos necesarios para la inmediata humanización de las condiciones de la población reclusa y mejorar las condiciones de trabajo del personal del Sistema Penitenciario
- Establecer un programa de capacitación a corto plazo dirigido a optimizar el desempeño de los recursos humanos de la Dirección Nacional de cárceles, Penitenciarias y centros de recuperación, a la vez que reforzar los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
En este marco se estableció como primer paso
Es de destacar también el papel jugado en la acción preventiva y en la lucha contra las drogas, en procura del desarrollo de ciudadanía sana, de la Junta Nacional de Drogas y el Ministerio de Salud Pública con una cantidad de programas y campañas llevadas a cabo en estos dos años.
Se ha puesto un especial énfasis en fortalecer las inversiones en el Ministerio del Interior, tanto en el número de efectivos, como en infraestructura y tecnología.
En la última Rendición de Cuentas se crearon alrededor de 500 cargos nuevos. El costo neto de las remuneraciones adicionales es de 57 millones de pesos anuales. Debemos subrayar dos cargos de particular confianza política que son estratégicos y de alto nivel técnico como el de la Dirección de la Escuela Nacional de Policía y la Dirección del Centro de Atención a la Víctima.
Se asigna un crédito de 97.9 millones de pesos en 2007 y 2008 para la incorporación de tecnología en los procesos de información operacional. Esto implica disponer de las funcionalidades informáticas y de comunicación en áreas estratégicas para el cumplimiento de la misión de la institución. Se autorizó a licitar la construcción de nuevos establecimientos carcelarios a fin de mejorar la situación de hacinamiento existente. Finalmente se autoriza un crédito de 29,4 millones de pesos en 2007 para el financiamiento del sistema de Búsqueda Automática de Huellas Digitales.
Defensa Nacional
La política pública de Defensa Nacional compromete a toda
A propuesta de nuestro gobierno se inició un Seminario convocando a los poderes del Estado, partidos políticos, organizadores de trabajadores y empresariales, ámbitos académicos y organizaciones representativas de diversos ámbitos de la sociedad, para opinar sobre los temas de
Se elaborará un proyecto de nueva ley orgánica de las fuerzas armadas que definirá junto con lo anterior qué necesidades tiene el Uruguay en lo referente al componente militar de su Defensa Nacional. Tomando en cuenta el proceso que se ha ido vinculando en el debate sobre la relación que existe entre
También debemos reveer el tema de la “Jurisdicción Militar” adaptando sus funciones a delitos de naturaleza militar con nuevos códigos y reglamentos. Tenemos que finalizar este proceso construyendo un sistema nacional de inteligencia, donde deberán definirse con precisión sus cometidos, que permita un proceso de toma de decisiones en el momento oportuno. Finalizando con la creación de los imprescindibles mecanismos de control parlamentario.
Poder Judicial
En los lineamientos programáticos se establece que "la calidad del Uruguay democrático exige disponer de un sistema judicial ágil, responsable y que responda a la demanda de tutela de una ciudadanía de sus derechos. En el Uruguay democrático la Justicia no puede ni debe ser percibida como una barrera o un obstáculo sino como un instrumento de defensa y fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos y como una herramienta útil de resolución de conflictos e integración social. Para ello hay que respetar estrictamente su condición de independiente y, al mismo tiempo, garantizar su independencia económico-financiera, que es el más firme aval de la primera. Los progresistas trabajaremos por una justicia independiente del poder político, de calidad, moderna, confiable, conectada con la sociedad."
El presupuesto quinquenal priorizó notoriamente al Poder Judicial, dando respuesta después de muchos años a reclamos de las sucesivas Supremas Cortes en su necesidad de modernización y mejora de los salarios. Asimismo se llegó a un acuerdo para la finalización de la ampliación de la sede de la plaza Cagancha a cambio del edificio eternamente sin terminar de la plaza Independencia.
Sin embargo, la independencia que tiene este poder del Estado, implica la total autonomía de decisión para el uso de esos recursos. La Suprema Corte tiene entre sus muchas responsabilidades la de administrar el complejísimo aparato que se extiende en todo el territorio. Esto lo ha llevado a concentrar en vez de descentralizar para ahorrar los recursos que le han sido negados durante décadas y las consecuencias van en el sentido contrario de lo buscado por lo objetivos que se expresaban en nuestro programa de gobierno.
El proceso de profundización democrática impulsado por nuestra ciudadanía progresista y el apoyo para el desarrollo de conciencia de los derechos democráticos fundamentales y de segunda generación, han complejizado la acción de la justicia. Los legisladores y las legisladoras del FA, en acuerdo con la ciudadanía y los colectivos organizados, han ido plasmando nuevos marcos jurídicos de derechos en su integralidad y ello exige al Estado y al Poder Judicial, acciones y resoluciones tanto para atender las nuevas demandas como para atender los nuevos conflictos.
Tanto la lenta tecnificación de los procesos judiciales como el lento aggiornamiento de los jueces y sus equipos de peritos, conspiran contra la agilidad deseada y la atención adecuada.
Medios de Comunicación
Constatábamos en el congreso H. Rodríguez “la tendencia a los oligopolios multimedia que ha reducido la pluralidad de la oferta comunicacional amenazando los derechos inherentes al ejercicio de una ciudadanía democrática” y formulábamos como objetivo general la democratización de la comunicación. Para ello promovíamos el fortalecimiento del sector público, la generación en el sector privado de una efectiva libre competencia y la mayor participación de la sociedad civil en la definición de las políticas publicas de comunicación.
Podemos decir que en el sector público se han dado pasos significativos hacia una mayor calidad en el canal oficial y las radiodifusoras, con una reformulación importante de la política informativa. La potenciación de este sector es un eje central.
Antes de fin de año se espera que esté aprobada la Ley de Radiodifusión Comunitaria, lo cual generará un marco sustancialmente diferente para el fortalecimiento del sector social y comunitario. Para que tenga impacto nacional serán necesarias un conjunto de acciones fuertes desde el gobierno pero también desde la sociedad civil.
Sin embargo no se ha logrado hasta el momento una mayor participación social en la definición de las políticas públicas. Faltan mecanismos institucionales, debates y movimientos ciudadanos vinculados al derecho a la comunicación. No se ha generado tampoco un marco institucional adecuado para el diseño de políticas en esta área, que sigue dispersa en diversos organismos (URSEC, Ministerio de Educación y Cultura, etc.). Las competencias que el Ministerio de Defensa tenía en este tema fueron trasladadas al Ministerio de Industria, Energía y Minería, pero no llegó a integrarse la Dirección de Comunicaciones en ese ámbito.
Tanto el gobierno central como las empresas públicas han cesado en las habituales malas prácticas en el uso de la publicidad oficial como subsidio encubierto a ciertos medios y castigo a otros, aunque no se cuenta todavía con criterios comunes en este aspecto.
Está a estudio del Parlamento un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, que implicará un avance importante en la materia.
El estimulo fuerte al desarrollo de la producción nacional e independiente sigue siendo un debe, mas allá de esfuerzos realizados en esta área. En particular está todavía pendiente el envío al parlamento de la Ley del Cine y el Audiovisual.
El cierre de la concesión de ondas radiales a empresarios sometidos a la justicia ha sido una señal de cambio, afirmando el carácter público de las ondas y el cumplimiento de las condiciones que debe tener su usufructo. No se contaba, en cambio, con criterios claros para las nuevas adjudicaciones y puede perderse aquí la oportunidad de reservar espectro para la radiodifusión comunitaria, tal como prevé el ya mencionado proyecto de Ley.
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
La propuesta programática sobre el ordenamiento del territorio se centraba en el objetivo de la integración social.
Pero los desafíos de integración regional e internacional en lo económico, comercial, laboral y cultural implican formas de planificación ambiental que acompañen el crecimiento productivo del país.
El gobierno departamental del FA en Montevideo dio el ejemplo discutiendo, elaborando y aprobando el primer Programa de Ordenamiento Territorial del área metropolitana. Nuestro gobierno propone un proyecto de ley de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en procura del mejor uso del territorio para el desarrollo productivo.
Ese proyecto de ley aplica el concepto del derecho de propiedad sujeto al interés general, apuesta a la descentralización reconociendo competencias de los gobiernos departamentales, define las condiciones para el retorno a la comunidad de mejores valorizaciones inmobiliarias, institucionaliza las carteras de tierra y protege especialmente las zonas costeras.
Uruguay integrado
Nuestras definiciones programáticas
El IV Congreso Extraordinario del Frente Amplio “Héctor Rodríguez” (Diciembre 2003) definía la temática de la inserción internacional. Los principios y postulados expresados en ese entonces fieles a la historia y trayectoria de nuestro Frente Amplio, se reafirman desde el ejercicio de gobierno.
Esas definiciones se complementan con
Contexto Internacional
A partir de la década de los 80 EE.UU. impulsó el Consenso de Washington, que contenía 10 reformas básicas: 1) disciplina fiscal, 2) prioridad para el gasto social, 3) reforma tributaria, 4) liberalización financiera, 5) tipos de cambio unificados y competitivos, 6) liberalización del comercio exterior, 7) apertura a la inversión extranjera directa, IED, 8) privatización de las empresas estatales, 9) desregulación, y 10) respeto a los derechos de propiedad.
Estos lineamientos se aplicaron en algunos países de América Latina y causaron graves daños económicos y sociales para sus pueblos. Todas las pautas de relación entre EE.UU. y los países del Tercer Mundo se vieron agravadas por los atentados del 11 de setiembre y las políticas belicistas e intervencionistas amparadas en la presunta lucha contra el terrorismo.
La persistencia en los EE.UU. y demás países centrales en las políticas de despojo hacia los pueblos del Tercer Mundo ha conducido al planeta a una situación de injusticia extrema, desorden e inestabilidad. Como contrapartida, han surgido corrientes contestatarias cada vez más extendidas y con denuncias y demandas más elaboradas. En este sentido, con epicentro en Porto Alegre surgió el Foro Social Mundial que ha sido capaz de convocar a una constelación muy amplia de movimientos sociales que, frente a las agresiones y desafíos planteados por las políticas neoliberales, levantan la consigna de “otro mundo es posible”. Estas acciones colectivas se han multiplicado en diversas regiones del planeta.
En lugar de avanzar hacia el desarme general y completo, incluido el desarme nuclear, que constituye el reclamo permanente del Movimiento de Países No Alineados, se promueve el armamentismo que gasta los recursos que el mundo requiere para mitigar los efectos del cambio climático y hacer frente a los problemas derivados de la pobreza y la marginación
No se avanza hacia el cumplimiento de las Metas del Milenio y de las decisiones de las grandes conferencias de
La nueva política exterior
Resultó imprescindible rediseñar nuestra política exterior. Los cambios se procesaron desde el principio y se continúa trabajando sobre los mismos.
Del alineamiento automático con los Estados Unidos pasamos a una política exterior sustentada en nuestros principios de independencia y no alineamiento.
La derecha tuvo claro los cambios desde el primer momento, el 3 de marzo ya estaba solicitando la renuncia del Ministro de Relaciones Exteriores.
La inmediata reanudación de las relaciones con la hermana República de Cuba, uno de los primeros actos de gobierno, demostró a las claras la voluntad , no sólo de manejarse con independencia sino su intención política de sumarse en plenitud a la comunidad latinoamericana. De igual forma se procedió con Palestina y
El gobierno se ha manejado con pragmatismo, nuestra política independiente se ha expresado de diferentes maneras, mediante el apoyo al sistema de NNUU y al multilateralismo, ejerciendo su potestad como Estado en todas aquellas ocasiones donde ha sido necesario. Este gobierno ha promovido y promueve en todos los foros y organismos la equidad de género, la no discriminación de ningún tipo y el respeto fundamental a los Derechos Humanos en su más amplia concepción.
Sobre la Reforma de Naciones Unidas
Apoyamos una reforma a fondo para democratizar las estructuras y prácticas de la organización, la misma no se debería aplicar en exclusividad a su rama administrativa sino que debería afectar a los principales órganos intergubernamentales del cuerpo.
Apoyamos la creación del Consejo de DDHH que implica dar por concluido el funcionamiento de la vieja comisión de DDHH, en gran medida manipulada políticamente y cuya falta de ecuanimidad era por todos conocida. Nuestro país lo integra como un reconocimiento por las políticas llevadas adelante.
Hoy, Uruguay ha sido elegido junto a otros 7 países, para el desarrollo de un plan piloto sobre la reforma de NNUU involucrando en ello la cooperación de las distintas agencias, siendo el único representante de América Latina
Se deberá preservar las funciones de las NNUU, en materia de paz, prevención de conflictos, lucha contra todo tipo de terrorismo, entre otros.
Sobre la OEA
En
En
La política exterior norteamericana ya había sufrido un revés significativo en
Estos episodios mostraron el aislamiento internacional de EE.UU., que volvió a exhibirse en
Misiones de Paz
El compromiso de
Nuestra presencia constituye un instrumento de política exterior accediento así, a un espacio de relacionamiento más igualitario con las grandes potencias.
Se destaca que el concepto de mantenimiento de paz (peacekeeping) está incorporando gradualmente nuevas definiciones, tales como el fortalecimiento democrático, respeto a los derechos humanos y equidad de género.
Esta participación en las etapas iniciales del post-conflicto, permite a nuestro país trabajar de manera sustancial con el multilateralismo activo, con el fin de alcanzar la estabilidad política, económica, social y el fortalecimiento del Estado de derecho, concepto que se conoce como construcción de la paz (peacebuilding).
MINUSTAH (Misión de Naciones Unidas en Haiti)
La comunidad internacional, y en particular los países de América Latina han renovado su compromiso con el proceso de paz y reconstrucción iniciado en Haití. En particular se ha creado el mecanismo 2 x 9 (Subsecretarios de Defensa y Relaciones Exteriores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay).
Este mecanismo se reúne regularmente para analizar la evolución de la situación en el país hermano con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la instituciones del Estado, el progreso en materia de seguridad y desarrollo económico y la coordinación de los esfuerzos entre los distinto actores implicados en la reconstrucción del país
En este tema se plantearon dos posiciones dentro de
Ø Esta Misión se inició en 2004, en el marco de la Resolución del Consejo de Seguridad Nro. 1542. Y más allá de la alta militarización, es decir, la respuesta militar, se debe procurar compromisos del sistema de Naciones Unidas para el desarrollo económico y social, mediante el PNUD.
Ø El Frente Amplio en su IV Congreso Extraordinario “Héctor Rodríguez”, aprobó “la no intervención y consolidación de mecanismos que impidan toda injerencia extranjera en los asuntos internos de un país. Reafirmación de la autodeterminación de los pueblos interpretada como el máximo respeto al ejercicio de la soberanía...”. Más que una misión militar, lo que Haití necesita es una agencia para la reconstrucción nacional y el desarrollo que, mediante la implementación de programas concretos, contribuya a superar la miseria extrema en que se encuentra el país.
Sobre la OMC
Uruguay considera necesario reorientar el debate en
El ingreso al G20.
Uruguay ingresó al G 20, lo que marca un cambio con lo gobiernos anteriores, permitiendo un acercamiento a la estrategia de los países del MERCOSUR y demás países subdesarrollados en los ámbitos multilaterales de comercio, bregando por apertura comercial, eliminación de distorsiones de comercio y subsidios agrícolas
En la reunión de Hong Kong no se avanzó en el formato de las negociaciones, si lográndose el compromiso de eliminar para el 2013 todos los subsidios a la exportación.
Sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores
El gobierno progresista promovió la aplicación de criterios de racionalidad y austeridad haciendo que el servicio exterior del país cumpla su papel de forma eficaz y de representación de los auténticos intereses nacionales. Se puso especial énfasis en la promoción y búsqueda de mercados para la producción nacional y el desarrollo creciente de las relaciones científico- técnicas y culturales con otros Estados.
El nuevo Gobierno posiciona desde marzo 2005 la cultura como uno de los pilares de la diplomacia que se suma a las concepciones políticas y económicas, con una concepción de diplomacia moderna. Se crean distintas instancias de reflexión, con participación del Estado, de los gobiernos municipales, y de la sociedad, a fin de consolidar el prestigio de
Con la creación del Departamento 20, se define una nueva estrategia respecto a las relaciones con nuestros compatriotas en exterior, sustentada en el deber ético de reparar una omisión. Se ha propiciado la integración y hoy existen más de 20 consejos consultivos en 11 países, con el objetivo de profundizar al máximo esas relaciones, intensificando su vinculación con el Uruguay.
El FA reafirma su compromiso de recorrer los caminos que sean necesarios para garantizar el ejercicio del derecho al voto de los uruguayos en el exterior.
CONTEXTO LATINOAMERICANO.
Debemos apreciar en primer lugar la magnitud de los cambios. La imagen del continente se transformó. En la década del 70 padecíamos una sucesión de dictaduras militares, tras golpes de estado promovidos por el imperio del norte. Ahora tenemos, además de Cuba, gobiernos de las fuerzas de izquierda y progresistas en la mayoría de los países (Uruguay, Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile, Nicaragua).
Cambió también la caracterización social de los gobiernos, con casos paradigmáticos como el obrero metalúrgico Lula o el indígena Evo Morales llevados a la presidencia. Otras clases y otros sectores sociales arriban al gobierno con los votos de millones de ciudadanos.
Esto se produce sobre la base de la unidad de los partidos de izquierda y progresistas. La unidad de la izquierda es una clave de la nueva situación política continental. Es la matriz de los cambios.
En países donde no se llegó al gobierno, se está plasmando una unidad de fuerzas de izquierda (como en Colombia y México) con vistas a alcanzar esa meta en un futuro no lejano.
La política de la izquierda desde el gobierno ha generado beneficios concretos para la población, sobre todo para los grupos sociales más necesitados.
Ha devuelto la ciudadanía plena a amplios sectores antes excluidos. Por ende, ha consolidado y extendido la democracia, abriendo paso a nuevas formas participativas y directas. Ha defendido los Derechos Humanos en toda su extensión.
EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL
Consideramos el fortalecimiento del bloque regional con formato de regionalismo abierto, como la única forma de negociación equilibrada con los grandes actores económicos internacionales. Queremos un proyecto más ambicioso en sus metas partiendo de la mayor integración comercial para lograr desarrollos zonales, cadenas regionales, coordinación de políticas económicas, sociales, culturales y científico-tecnológicas, y el desarrollo de instancias políticas comunes.
Durante las presidencias pro tempore del gobierno uruguayo, se intentó que el MERCOSUR tuviera un salto en calidad, haciendo importantes esfuerzos por la consolidación de
Por primera vez, desde su creación, el MERCOSUR acepta la realidad de que no todos los socios somos iguales, que existen asimetrías estructurales (derivadas de la mediterraneidad o del pequeño mercado interno) y asimetrías de política (derivadas de la aplicación de políticas que distorsionan tanto el comercio como las inversiones a la interna del bloque)
Una de las primeras señales, de la aceptación de las asimetrías, fue la aprobación de los Fondos Estructurales del MERCOSUR (FOCEM) por un monto de u$S 100 millones anuales, donde el principal aportante es Brasil y el principal beneficiario Paraguay.
Ya se comenzaron a ejecutar proyectos, con énfasis en temas de infraestructura, complementación productiva y cohesión social.
Durante
Uruguay ha sido firme impulsor de que el MERCOSUR pudiera celebrar acuerdos de comercio con terceros países, tratando de conseguir mercados seguros y predecibles para nuestras exportaciones.
Durante nuestra presidencia se creó el Grupo de Alto Nivel para
Política de Fronteras
Las relaciones con la República Argentina dificultaron la definición y la instrumentación de acciones en este campo.
En cuanto con
Una nueva dimensión social de la integración
Durante nuestra primera presidencia Pro Tempore y por decisión del cro. Presidente de
Esta plataforma de trabajo amplia y participativa convocó a la sociedad civil a promover participación y aportes para cada instancia de cumbres presidenciales.
La idea germinó en los demás países, y se plasmó en las Cumbres de Córdoba, Brasilia y Asunción.
En esta nueva presidencia Pro Tempore ya ha comenzado el trabajo y las organizaciones sociales cuentan con una extensa agenda de eventos desde donde saldrán nuevas ideas para una integración cada vez más plena y a la medida de nuestros pueblos.
La creación del Parlamento del MERCOSUR, una decisión política fundamental
La aprobación y puesta en funcionamiento del Parlamento del MERCOSUR, satisface una necesidad de orden político que democratiza el proceso y puede llegar a incidir en los Organismos que tienen a su cargo la toma de decisiones del Bloque. Ayuda a superar la visión económico – comercial, apunta a dar formato a una soberanía supranacional que posibilita una voz común en los ámbitos internacionales
El proceso de conformación definitiva del Parlamento del MERCOSUR representa un desafío de proporciones históricas, que dará forma y contenido al MERCOSUR en el siglo XXI. Este órgano deberá convertirse en promotor de políticas regionales que posibiliten una integración sin barreras, la libre circulación de personas, bienes y servicios, y un esfuerzo que permita la corrección gradual de las asimetrías. A la vez deberá darle forma a la cooperación en las políticas públicas en salud, educación, agropecuaria, trabajo, cultura y otros campos que tengan en cuenta al ciudadano en su condición de sujeto final de todas las acciones del proceso integracionista.
LA CUESTIÓN COMERCIAL
Como se dijo en el IV Congreso Extraordinario del Frente Amplio “Héctor Rodríguez”, el Uruguay apunta no sólo al desarrollo y profundización del MERCOSUR, sino también a la diversificación de su comercio.
Los acuerdos comerciales bilaterales que impliquen el incremento de la colocación de nuestros productos en cualquier mercado son convenientes.
Dichos acuerdos deberán ser compatibles con la profundización del MERCOSUR y de acuerdo a los procedimientos establecidos en los marcos jurídicos del proceso de integración.
Asimismo deberán ser compatibles con el Proyecto del Uruguay Productivo, vale decir, con el desarrollo de la producción nacional en todos sus rubros, bienes y servicios, particularmente los productos de alto valor agregado.
En temas tales como la propiedad intelectual, compras gubernamentales y servicios es preciso bregar para que no se vea afectado el interés nacional.
En el caso de un acuerdo comercial con EE.UU. se trata de que las cuotas de nuestros productos en dicho mercado sean mayores, los subsidios que aplica dicho país a sus productos agrícolas sean menores y haya un tratamiento preferencial para nuestra producción (carnes, textiles, lácteos, software, etc.).
La comisión establecida para el incremento del comercio con EE.UU. es el marco para negociar el proceso de acuerdos comerciales con ese país.
Un TLC con el prototipo de los que ha firmado EE.UU con países del área, no es compatible con los puntos anteriores
Existe escasa información sobre el desarrollo de las conversaciones actualmente en curso, ante lo cual se reafirma la necesidad de que la tramitación coadyuve al desarrollo nacional y a la mejora de las condiciones de vida de la población. Dicho Acuerdo constituye una decisión estratégica en la medida que su desarrollo podría afectar nuestros objetivos de consolidación de “país productivo”. Por lo tanto requiere un proceso transparente en relación al FA, a las organizaciones populares y a la ciudadanía en general.
Uruguay no puede dejar de transitar caminos de negociación comercial con
comerciales con otros países muy relevantes en la economía internacional como Canadá, India, Japón, Rusia, Sudáfrica y China, con los cuales es posible impulsar y aumentar el comercio y las inversiones en nuestro país.
Es notorio que varias de estas medidas, según se las aplique, generarán resultados diversos. La disciplina fiscal – que Uruguay practica con coherencia, marcando diferencias con gobiernos anteriores –
A nuestra llegada al gobierno, propusimos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, la creación de un ámbito interinstitucional sobre temas de comercio exterior,
En ese marco se analizan las diferentes alternativas de negociación externa del país, a excepción del TIFA con los EE.UU. que se encuentra en el ámbito de
Nuevos mercados
Es de vital importancia para el desarrollo de un proyecto de Uruguay Productivo, tener una política de comercio exterior pautada por una estrategia de inserción internacional a la luz de nuestra conveniencia. La Estrategia del Comercio Exterior debe estar inmersa en la Estrategia de País Productivo, reconociendo la capacidad generadora de riqueza y de dinamismo que poseen las exportaciones en la economía, sin contraponerlas al desarrollo y fortalecimiento del mercado interno.
La iniciativa ALCA .
El proyecto ALCA y los eventuales acuerdos bilaterales con Estados Unidos concebidos en este marco no resultan favorables a nuestros objetivos de consolidación de país productivo, correspondiéndose con lo resuelto en el IV Congreso del FA “Héctor Rodríguez”.
La decisión tomada por el Compañero Presidente Dr. Tabaré Vázquez de que el Uruguay no firme ningún TLC con formato definido, tal cual fue propuesto, es coherente con la línea programática del Frente y la defensa de los intereses del país.
El ALBA y el Banco del Sur
Como parte del Proceso de Integración debemos ver como positivas las diferentes herramientas innovadoras que viabilicen y efectivicen la complementación económica, los intercambios comerciales en productos energéticos, bienes o servicios, las inversiones productivas y el desarrollo de instituciones financieras que fomenten los emprendimientos productivos y el desarrollo. De acuerdo a esto, es importante reafirmar la participación de nuestro Gobierno como “observador” en el ALBA y la reciente creación del Banco del Sur, con la participación plena de nuestro país.
VII –
Política y técnica en el gobierno, los sectores políticos y la estructura del gobierno
Las tareas de gobierno son a la vez políticas y técnicas. Por un lado el gobierno no puede prescindir del saber técnico, del conocimiento y de su aplicación a la producción. Por otro lado la decisión acerca de la selección de alternativas de solución a aplicar a los problemas de gestión será siempre política, pero informada técnicamente en forma previa. Esto implica que los cuadros de gobierno tienen que tener un doble perfil, técnico y político para cumplir adecuadamente con sus tareas.
El gobierno es uno sólo y el Presidente de
Los cuadros y la capacidad de gestión
La fuerza política debe hacer el esfuerzo de aplicar la experiencia que sus cuadros acumulan en la gestión pública a la formación de nuevos cuadros.
La lucha por espacios para los sectores y las personas no puede sustituir a la idoneidad para el desarrollo de las tareas y esa idoneidad es posible construirla. La cultura de gobierno y la formación constituyen algunos de los caminos posibles para esa construcción.
Los cuadros son de toda la organización política, no de un sector, los conocimientos y la experiencia hay que compartirlos.
VIII – PERSPECTIVAS DEL GOBIERNO - CONCLUSIONES
El gobierno ingresa en la segunda mitad de su mandato, habiendo atendido las urgencias y comienza la aplicación de los grandes cambios estructurales hacia el desarrollo con Justicia Social. Son transformaciones en la distribución del ingreso, en la salud, la educación, en la base material que habilita el proceso de desarrollo económico, en la organización y la gestión del Estado y de sus recursos humanos, en la continua profundización de la democracia
Del balance de lo realizado por el gobierno en 30 meses, de su comparación con los lineamientos programáticos, de los resultados alcanzados, de los aprendizajes realizados, de las reacciones provocadas, de lo que queda por hacer, surgen algunas perspectivas y conclusiones:
- En la reforma tributaria:
El nuevo sistema tributario se construyó definiendo su complejidad en función de la capacidad de administración existente y deberá ser evaluado permanentemente. En la medida que los resultados, medidos tanto en mejoras en la administración como de la recaudación, lo permitan, el sistema admitirá grados crecientes de complejidad y será posible mejorar la equidad profundizando la rebaja de los impuestos al consumo e incorporando mejoras al IRPF, tales como la consideración del núcleo familiar, el monto no imponible y las franjas que le dan progresividad al impuesto.
- En la reforma de la salud:
Construir en la práctica el nuevo SNIS es el objetivo principal hacia delante.
Ello exige profundizar las líneas estratégicas hacia:
a) afirmar el modelo de financiación, a través del FONASA y continuar ampliando la cobertura a toda la población, priorizando los sectores más necesitados, y reduciendo significativamente los copagos.
b) fortalecer el rol rector de control y liderazgo del MSP sobre el conjunto del sistema
c) avanzar en el cambio del modelo de atención y en la aplicación de una estrategia de Atención Primaria de
d) potenciar la labor de ASSE como servicio de salud público incrementando la calidad de sus prestaciones
e) promover fuertemente la participación comunitaria y la organización de los usuarios y su protagonismo en el conjunto del sistema
Así como hemos destacado los avances sustanciales en la puesta en práctica del programa, tenemos que señalar carencias en la comunicación de los cambios, que debe potenciarse no solo para mostrar los avances del gobierno frenteamplista en este plano sino para crear conciencia de los derechos que tiene la ciudadanía y acumular respaldo y participación en pro de los cambios.
La creación del SNIS es una batalla política fundamental para llevar adelante el programa del FA, para que sea exitosa y poder derrotar los intereses de lucro que siguen pesando en este sector, es imprescindible una acción esclarecedora y movilizadora desde la fuerza política hacia la población.
- En la reforma de la educación:
En materia de educación el desafío mayor es la elaboración y puesta en práctica de una ley de educación que construye un nuevo marco para el proceso educativo recogiendo los aportes del debate democrático realizado.
La defensa de la enseñanza pública pasa por profundizar los principios de gratuidad, laicidad, universalidad, autonomía y cogobierno.
Es fundamental la mejora de la calidad en contenido y cobertura del sistema educativo.
Mejorar los niveles educativos exige el aporte permanente y renovado de todos los actores de este proceso. Un objetivo a destacar es la disminución de la deserción estudiantil a niveles mayores. Es imprescindible dotar al sistema educativo de los recursos necesarios y en tal sentido continuar avanzando hasta llegar al 4.5% del PIB.
En materia de recursos humanos se requieren más cargos docentes, más docentes titulados, una política de concursos más intensa en la educación media y continuar el proceso de recuperación salarial, entre otros aspectos.
- En la reforma del Estado:
Es necesario avanzar en este período de gobierno en su instrumentación que se expresa en una primera etapa en el desarrollo de:
- el proceso de modernización: gobierno electrónico y racionalización, aplicación del presupuesto por resultados, simplificación de trámites.
- La adecuación de las estructuras organizativas y de los recursos humanos de los servicios públicos a los objetivos del gobierno.
- La construcción de compromisos de gestión a partir de discusión de los planes de los organismos con participación de los trabajadores dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 65 de
- La generación de canales interactivos de comunicación con la sociedad civil, la consolidación de la Agencia pare el Desarrollo de Gobierno de Gestión Electrónica, la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
- El proceso del proyecto de ley de descentralización
- La promoción de la participación de la sociedad a través de las organizaciones sociales en un proceso de descentralización participativa en las políticas públicas nacionales y departamentales, rescatando los contenidos del documento Nº6 del FA.
En función de estos lineamientos consideramos esencial complementar los aspectos propuestos en el borrador de anteproyecto de ley de descentralización con la creación de órganos de participación de la sociedad civil y no limitarse a órganos de representación partidaria local.
El objetivo general es la creación de una nueva institucionalidad hacia una democracia participativa, basada en una ciudadanía activa, el fortalecimiento del entramado social, y la transferencia de poder hacia las grandes mayorías nacionales.
- En la seguridad pública:
- implementar una reestructura en el Ministerio del Interior, para aumentar la eficacia en el cumplimiento de sus cometidos específicos.
- implementar un Plan de Emergencia para dar respuesta efectiva a los aspectos más urgentes en las cárceles uruguayas. Este plan tendrá como objetivo asignar los recursos necesarios para la inmediata humanización de las condiciones de encierro de la población reclusa, y mejorar las condiciones de trabajo del personal del Sistema Penitenciario
- ampliar y profundizar la constitución y el funcionamiento de las Mesas de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
- promover la recuperación del espacio público por parte de la cuidadanía
- En el Uruguay Productivo
En este período se ha logrado salir de la emergencia social, restablecer los equilibrios macro económicos y comenzar con las reformas estructurales nunca encaradas.
La estrategia de desarrollo de país productivo pasa por generar las condiciones para viabilizar proyectos productivos a través de las reformas en el área económica y otras: reforma de la administración tributaria, el Nuevo Sistema Tributario, la instalación de la Oficina de Deuda Pública, la instalación de la Unidad de Desarrollo del Sector Privado en el Ministerio de Economía y Finanzas, Ley de defensa y promoción de la competencia, mejorar las regulaciones y controles ejercidos por el MGAP sobre la producción, la DINAMA sobre el ambiente, asegurar la provisión de energía y comunicaciones, la infraestructura portuaria y aeroportuaria.
Se debe impulsar proyectos productivos estratégicos como el sucro alcoholero, la explotación de la piedra caliza y el desarrollo del sector lechero.
Apoyar el desarrollo de formas de economía social, especialmente cooperativas y empresas recuperadas por sus trabajadores.
Potenciar los programas de desarrollo de las pequeñas y medianas empresas
Potenciar la política de tierras del Instituto Nacional de Colonización.
Procurar soluciones al problema de la extranjerización y concentración de la propiedad de la tierra.
Se procurará permanentemente mejorar las condiciones de monto, tasas de interés y plazo de la deuda pública de modo de destinar más recursos a la inversión pública estatal en producciones con alto valor agregado para aportar a la base material del proceso de desarrollo independiente con justicia social.
- En el Uruguay Social
La persistencia de graves desigualdades sociales requiere profundizar los mecanismos de redistribución de los ingresos y la riqueza.
El Plan de Equidad recoge los criterios orientadores del Congreso Héctor Rodríguez y del Uruguay Social en tanto programa de gobierno.
Se trata de estructurar el edificio de protección uruguayo, contribuyendo simultáneamente a la corrección de las desigualdades sociales y mejorando las condiciones democráticas de la sociedad. El Plan de Equidad se propone promover transformaciones en las pautas de distribución económica e interacción social hacia de relaciones sociales basadas en la justicia social, la participación, y el protagonismo en el marco de los derechos ciudadanos.
Integra por tanto el conjunto de las reformas estructurales que se están impulsando: Tributaria, Sistema Nacional de Salud, Educación, Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre mujeres y hombres, Plan Nacional de Vivienda, Transformación Democrática del Estado.
El Plan de Equidad a su vez, fortalecerá
Las principales líneas de acción:
o Educación Inicial, Educación Deportiva y Recreación, Educación Media para adolescentes excluidos del sistema
o Trabajo Promovido para desocupados/as de larga duración
o Asignaciones Familiares y Pensiones a
o Tarjeta de Integración Social ( alimentación, servicios sociales)
o Programas de Inclusión Social
o Programas de Promoción y Prevención de salud de poblaciones específicas
El Plan de Equidad se implementará tomando en cuenta criterios estratégicos tales como: participación social y desarrollo de ciudadanía activa, territorialización y descentralización, articulación interinstitucional y interconexión y sinergia entre programas.
Estos criterios suponen considerar las singularidades locales y la transferencia de capacidades de decisión y recursos; reforzando los ámbitos de participación local y los canales de coordinación con los municipios, otras instituciones públicas y las redes sociales.
Finalmente es necesario resaltar que la realización del Plan de Equidad supone la puesta en marcha, la concreción de una estrategia de reformulación del Sistema de Protección Social del Uruguay que trasciende este período de gobierno, dado que las medidas que se introducen suponen transformaciones permanentes, estructurales de dicho sistema de protección, por eso es justo ubicar este Plan en lo que hemos dado en llamar una Estrategia Nacional para el Desarrollo y
Potenciar la implementación del plan quinquenal de vivienda
En el Uruguay democrático
- un capítulo de la democratización del sistema político pasa por la ley de funcionamiento de los partidos políticos donde se regula y garantiza su funcionamiento democrático, incluyendo la transparencia de su financiación, el acceso de la ciudadanía a toda la información de las finanzas, el uso equitativo y gratuito a los medios de comunicación, como forma de posibilitar el funcionamiento democrático de los partidos.
- En materia de derechos humanos importa destacar la creación de una estructura institucional de carácter mixto, gubernamental y no gubernamental, para el seguimiento de los grandes temas relativos a los derechos humanos se encuentra en tratamiento parlamentario.
- Avanzar hacia la verdad y la justicia sin restricciones respecto a los crímenes de lesa humanidad debe seguir siendo una perspectiva y un compromiso del gobierno progresista y de nuestra fuerza política.
- Quedan como desafíos para el resto de este período la modificación progresista de algunas leyes como la del Ministerio Público y Fiscal, la modernización del Código General del Proceso, del Código del Proceso Penal y del Código Penal, para las cuales se votó la creación de Comisiones especializadas para redactar propuestas que se acercarán al legislativo. De las decisiones que se tomen al respecto dependen modificaciones de todo el esquema de funcionamiento de
- En el proceso de transformación democrática del Estado, en el desarrollo de la gestión de gobierno, es necesario revisar las normas existentes, las resoluciones de los organismos, los decretos, las leyes y también disposiciones constitucionales. Las Reformas administrativas, legislativas y constitucionales no resuelven los problemas, mejoran las condiciones para resolverlos.
- Gobierno y fuerza política van acumulando experiencia, descubriendo las necesidades de cambiar las normas vigentes. En tal sentido se entiende necesario avanzar hacia una reforma constitucional global a partir de la revisión de la constitución vigente durante el próximo período de gobierno.
- En materia de medios de comunicación: La libre competencia real en el sector privado no ha tenido todavía cambios fuertes que aparecen vinculados hoy con las posibilidades que generan los avances tecnológicos de abrir alternativas donde la sociedad civil, las instituciones educativas o municipales, puedan tener participación protagónica. La creación de nuevos canales televisivos constituye un paso fundamental en esta perspectiva. En este sentido es importante la aprobación de la norma técnica para televisión digital, pero será aún más importante el marco regulatorio que se establezca
- En el Uruguay integrado
- Mejorar la coordinación en el tratamiento de los asuntos de política exterior, en los que participan muchos actores calificados a la vez. Transformar al MRREE en el verdadero articulador de
- Promover la paz mundial, la construcción de un nuevo orden internacional basado en la libre determinación de los pueblos, la no injerencia en sus asuntos internos, y el respeto a los derechos humanos.
- Garantizar el ejercicio del derecho al voto de los uruguayos en el exterior.
- Fortalecimiento del bloque regional con formato de regionalismo abierto como la única forma de negociación equilibrada con los grandes actores económicos internacionales
- Es de vital importancia para el desarrollo de un proyecto de Uruguay Productivo, tener una política de comercio exterior pautada por una estrategia de inserción internacional a la luz de nuestra conveniencia.
- Continuar explorando dos caminos complementarios, administrando las tensiones entre los mismos: por un lado, preservar el espacio privilegiado del MERCOSUR, como plataforma de un regionalismo abierto y no excluyente; por otro, desarrollar un bilateralismo múltiple para aumentar y diversificar el intercambio comercial, en particular nuestras exportaciones y de esta manera contribuir a disminuir nuestra vulnerabilidad.
- Continuar con la reestructuración del Servicio Exterior en su conjunto y de los servicios consulares en particular, realizando una radical política de austeridad, eliminando oficinas y residencias innecesarias, y modernizando el Servicio Exterior
- Se debe continuar una audaz y expansiva promoción del Uruguay en el mundo en la búsqueda de nuevos mercados y en general espacios de alianzas y cooperación. .
- Ante la imperiosa necesidad de promover cuadros diplomáticos con formación y con conocimiento técnico profundo de los principales temas internacionales, se hace necesario impulsar una clara política de formación de nuevas generaciones en el que el Instituto Artigas del Servicio Exterior deberá jugar un papel preponderante.
De aquí en adelante, la experiencia de este período será fundamental para consolidar los cambios, evaluar, y ajustar reformas ya iniciadas, profundizar éstas y continuar el camino del cambio con el que estamos comprometidos, para mejorar la calidad de vida de la mayoría de los uruguayos.
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