LA DIARIAReyes de la chatarra
Al director de Cultura del gobierno, Luis Mardones, le preocupa el avance de una televisión a la que considera “tonta, estúpida, frívola, morbosa e idiotizante”. Por eso, sugirió cobrarle algún impuesto a la “telechatarra”, o exonerárselo a los programas “educativos”.
Los canales se pusieron a la defensiva, aunque no se escuchó la voz de ninguno de sus propietarios. Esta gente de rostro desconocido para el público siempre se las arregla para encontrar caras y firmas célebres que opinan en su nombre. Sus empresas construyen y demuelen imágenes a la vista de todos, mientras mantienen las suyas a buen resguardo.
Ciertas críticas a las propuestas de Mardones son comprensibles.
¿Cómo establecer qué es “chatarra” y qué no lo es? ¿Quiénes marcarían los límites? ¿Podrá evitarse que esas normas y quienes las apliquen cambien cada cinco años? ¿De qué manera ordenaría el tablero un gobierno como éste, que ha tratado al periodismo y a los medios de comunicación como enemigos? Antes de ensayar posibles respuestas es preciso recalcar un dato perdido en el griterío. Los canales de televisión y las emisoras de radio hacen uso de un bien tan, tan abstracto, que se lo suele aludir con apelativos como “las ondas”, “el aire” o “el éter”. Ese bien pertenece a toda la sociedad, y el Estado es el encargado de regular su usufructo. Sin embargo, hasta ahora lo ha hecho con extrema timidez. Los gobiernos anteriores se limitaron a asignar la explotación de esa res publica como pago de favores políticos, y luego dejaba las manos libres a los beneficiarios, que podían hasta vender, alquilar, regalar y dar esas concesiones en herencia.
La presidencia de Tabaré Vázquez marcó alguna diferencia.
Se abstuvo de obsequiar ondas a empresarios amigos, aunque no le faltaron cortejantes. Llegó a despojar de sus radios a la familia Rupenián, inculpada de escandalosas maniobras de evasión fiscal. Alentó la aprobación de una ley sobre emisoras comunitarias, así como mejoras notorias, si bien bastante baratitas, en la programación y el equipamiento técnico de los medios estatales. Pero hizo muy poco más.
Esta timidez refleja la del Frente Amplio, que en su programa dedica a los medios de comunicación un solo párrafo, despojado de cualquier definición política significativa. Contiene, apenas, declaraciones sobre su “democratización” y “su utilización al servicio de la comunidad”, tan licuadas que hasta a un herrerista o a un bordaberrista podrían suscribir. Para colmo, mete en la misma bolsa a los electrónicos y a los de prensa, a pesar de las diferencias evidentes.
Cualquier semejanza con el miedo a los medios no es mera coincidencia. Cada vez que alguien sugiere regulaciones, surgen acusaciones de censura. Mientras, los canales se muestran insensibles a los reproches. Deberían aprender de los almaceneros: antes de que les impongan un control de precios, Cambadu lanza la “bolsa amiga”. ¿Qué esperará Andebu para instaurar la “onda amiga”? Lo que dijo Mardones y sus réplicas tronaron como un tiroteo en la madrugada. Quizás las propuestas del director de Cultura no sean las más prolijas ni las más adecuadas, pero abren un debate necesario. Son, al menos, más claras, ilustradas y valientes que el sigilo con que el Ministerio de Industria se ha empeñado en redactar el decreto que regulará las telecomunicaciones.
El criterio aplicado por el gobierno para encargar la tarea tiene su gracia, como si los medios electrónicos produjeran chorizos y no cultura.
Lo más discutible de las sugerencias de Mardones es el mecanismo recomendado. Es cierto que aprieta a los medios por su órgano más sensible, que es el bolsillo. Pero termina convirtiendo el derecho a telechatarrear o radiobasurear en algo que se compra y se vende en la ventanilla de la DGI.
El Estado, como representante del propietario de las ondas, puede imponer reglas sin jugar al palo y la zanahoria. Puede darle a los medios un tiempo razonable para adecuarse. Dos, tres, equis años para que comiencen a respetar al telespectador anunciando sin jugar a la mosqueta a qué hora comienza cada programa. Para que cubran un porcentaje de su emisión con producciones periodísticas, educativas, culturales y de ficción nacionales. Para que le pongan coto a la tanda. Para que dejen de alquilar espacios a pseudoiglesias curreras y telechats fraudulentos.
Para que traten a los niños y a las niñas y a cualquier ciudadano con el respeto que se merece. Para que separen con transparencia la publicidad de los contenidos.
La falta de una política de medios electrónicos es, de hecho, una política de medios electrónicos, y bastante mala. Hasta a los fabricantes de chorizos les llega su bromatología.
Marcelo Jelen
No hay comentarios:
Publicar un comentario